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A.G.
El Ajuntament de Santa Maria ha presentado un escrito al juzgado oponiéndose al cierre cautelar de la planta impresora Omniprint, de los editores del diario El Mundo-El Día de Baleares. La corporación que preside Rosa Vich (PSM) entiende que se produciría una «perturbación grave de los intereses» de los propietarios, la sociedad madrileña Unedisa y el grupo turístico mallorquín Barceló.

Alega que el cierre de la planta «impediría la impresión y edición de numerosas publicaciones, siendo este perjuicio del todo irreparable». Expone también que se originarían «perjuicios muy superiores a los que se pudieran producir en el supuesto caso de permitir su funcionamiento hasta la definitiva resolución del recurso».

La denuncia ante el juzgado fue planteada por Joaquín Rabasco, presidente de ASI, después de que Vich informara de que Omniprint carece de licencias y permisos para ejercer su actividad. Se da la circunstancia de que la exigencia estricta de la normativa vigente y la denuncia del llamado «urbanismo a la carta» han sido ejes editoriales del citado periódico, que también fue denunciado por ubicar su Redacción en un edificio destinado a equipamiento sanitario.