Imagen de las construcciones levantadas sobre el dominio marítimo-terrestre de ses Covetes.

Imagen de las construcciones levantadas sobre el dominio marítimo-terrestre de ses Covetes.

06/05/06 0:00
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PEDRO AGUILO MORA
Nuevo varapalo judicial -y ya van siete- al alcalde de Campos, Andreu Prohens Vicens (PP), por el caso de los chalets ilegales de ses Covetes. La sección quinta de la Sala Tercera del Tribuna Supremo acaba de reafirmar que la franja de protección del litoral de ses Covetes es de 100 metros, ratificando así la ilegalidad de los 67 apartamentos paralizados gracias a la denuncias presentadas en los últimos 12 años por el GOB y el PSM. En una dura y contundente sentencia el Tribunal Supremo ratifica de forma definitiva la protección del litoral de ses Covetes y desestima la pretensión del Ajuntament de Campos de permitir que se puedan legalizar y acabar de construir las polémicas 67 edificaciones levantadas sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, el Supremo pone también en evidencia en su resolución la falta de argumentación jurídica del Consistorio que preside Andreu Prohens a la hora de impugnar la sentencia de la Audiencia Nacional. El magistrado Jesús Ernesto Peces Morate advierte en su escrito de que «mientras que el GOB se esfuerza denodadamente desde 1994 en algo tan esencial como es la aplicación del ordenamiento jurídico de protección del dominio público marítimo-terrestre, lamentablemente, el Ajuntament de Campos, en un comportamiento reiterado y constante, tan sólo pretende que determinadas y concretas sociedades mercantiles puedan realizar edificaciones en dicho dominio público».

El Consistorio que preside Andreu Prohens pretendía anular la Orden Ministerial de 1996 que aprobó el deslinde de ses Covetes que fija los terrenos de dominio público y establece una franja de protección de 100 metros. Desde el GOB, su portavoz Miquel Àngel March manifestó ayer que la sentencia «confirma de forma definitiva -ya que no cabe recurso ordinario alguno- que los terrenos objeto de litigio no era urbanos cuando en 1988 entró en vigor la Ley de Costas y confirma los argumentos sobre la ilegalidad de las obras de construcción de los 67 apartamentos». Por parte del PSM, su portavoz en el Consell de Mallorca, Antoni Alorda, exigió la inmediata dimisión del alcalde y que el PP de Campos ordene la demolición de las edificaciones ilegales.