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M. MEDRANO/J.SAMPOL La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) que integran 57 ayuntamientos de Balears y los consells insulars se ha planteado como objetivo de esta legislatura lograr que los Consistorios no paguen el Impuesto de Valor Añadido (IVA). La iniciativa entra dentro de un conjunto de medidas con las que la Federación quiere evitar que las entidades locales sean «administraciones de tercera» y llegar a una «postura de igualdad» en lo que a financiación se refiere, respecto a administraciones como el Govern o el Gobierno central.

La iniciativa, que fue aprobada el pasado 28 de septiembre en el consejo ejecutivo de la FELIB, cuenta ahora además con el apoyo de una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que da la razón al Ajuntament d'Alcúdia para evitar tener que pagar este impuesto. Existe, además, una directiva de la Unión Europea que exime a las empresas públicas de pagar el IVA. Calvià fue el primer Ajuntament en plantarse ante el Ministerio de Hacienda a la hora de pagar este impuesto y, ahora, la nueva sentencia da la razón al Ajuntament d'Alcúdia sobre este asunto. En este sentido, además, la Unión Europea ha amonestado a España porque es el único estado miembro que cobra el IVA de las empresas públicas.

Actualmente, los ayuntamientos tienen que abonar el IVA cuando pagan cualquier servicio. Sin embargo, el Govern o los Ministerios generalmente no pagan este impuesto a las administraciones púbicas.

El alcalde de Es Mercadal y vicepresidente de la FELIB, Ramón Orfila (PSM) ya está trabajando en planificar una campaña global que mejore la «reciprocidad» financiera entre administraciones. «Nos hemos reunido con el president del Govern, Francesc Antich, y crearemos una comisión para tratar este asunto que debe llegar a tratarse a nivel de Estado, por eso, también hemos contactado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se abra un diálogo que englobará, no sólo el tema del IVA, sino también el hecho de que los ayuntamientos tengamos que pagar servicios, como por ejemplo, el mantenimiento de un bedel en los colegios, que entendemos que deberían financiar las otras administraciones», explica Orfila.