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El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma decidió ayer suspender hasta el 2 de septiembre el juicio en curso contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, el ex teniente alcalde de ese municipio, Joaquín Rabasco, y la ex empresaria de eventos artísticos, María del Amor Aldao.

La Sala acogió la petición del fiscal para reanudar la vista cuando puedan comparecer tres testigos a los que considera relevantes, entre ellos el interventor del Ajuntament durante casi toda la secuencia temporal de los hechos.

Ayer en la, por ahora, última sesión de la vista que había comenzado el pasado lunes, declararon en calidad de peritos propuestos por el fiscal la subinspectora Alicia Cáceres y el inspector Javier Mazón, funcionarios ambos de la Agencia Tributaria e integrantes del equipo que, a instancias del juez instructor, inspeccionó los movimientos contables, los asientos del IVA y los tráficos mercantiles susceptibles al impuesto de sociedades de las empresas constituidas por Aldao.

Irregularidades y cenas
Ambos miembros de la Inspección de Tributos fueron preguntados por el fiscal en torno a sendas actas de conformidad -aceptación de las irregularidades por parte del afectado-, en IVA e Impuesto de Sociedades en Tenedi Ambiente S.L., una de las mercantiles de Aldao a comienzos de la década.

Respecto al impuesto sobre el valor añadido, la subinspectora Cáceres detalló en su informe que habiendo un enorme diferencial entre el que Aldao recibía por prestación de servicios al Ajuntament de Llucmajor y el que su empresa repercutía en pagos a artistas o proveedores, la entonces empresaria endosó en 2002 hasta 265 simples tickets de un mismo restaurante de comida china, siempre para entre cuatro y seis comensales, y siempre de jueves a domingo.

Hacienda rechazó esos endoses de IVA por su neta irregularidad, pues la normativa es clara en cuanto a que se requieren facturas detalladas y no tickets de caja, y además las características de la empresa y sus tráficos mercantiles no justificaban centenares de inclusiones en un año de «reuniones» en el ámbito de la restauración.

También señalaron los funcionarios de Hacienda que las sociedades inspeccionadas habían realizado prácticamente toda su facturación al Ajuntamiento de Llucmajor, y que era tan habitual presentar a ese Consistorio facturas sin detalle -algo prohibido en la normativa municipal- que una de ellas, Majo Sport S.L., repercutía el tipo general de IVA al 16% cuando uno de los conceptos era más de una tonelada de caramelos para las fiestas, y es notorio que ese producto comporta el reducido del 7%.

Según la documentación, de una facturación de cientos de miles de euros solo aparecen dos facturas de 4.000 a entidad distinta al Ajuntament de Llucmajor, y son del Ajuntament de Palma en 2002.