Víctor Malagón18/10/08 0:00
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El alcalde de Calvià, Carlos Delgado, vulneró el derecho a la información de los concejales del pleno municipal al negarse a facilitar el convenio por el que se cedía el Habitat Golf de Santa Ponça a la familia Nigorra. El Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) ha ratificado la sentencia emitida el Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, contra la que el Ajuntament había recurrido. La sentencia es contundente a la hora de señalar que se ocultaron documentos necesarios para que los concejales desarrollaran su función e impone al Ajuntament las costas del proceso. «El concejal recurrente -Francisco Cano- tenía derecho a conocer la documentación relativa a esta transacción, ya que era el antecedente necesario para el consiguiente acuerdo plenario».

Ese acuerdo plenario supuso la cesión de una parcela valorada en 14 millones de euros a la familia Nigorra. Delgado llegó a un acuerdo con los empresarios para cumplir con una sentencia 83, en la que se decía que el Ajuntament tenía que devolver a la promotora, ahora Hábitat Golf Santa Ponça, el diez por ciento de aprovechamiento cedido en una urbanización.

14 millones de euros
El concejal del PSOE Francisco Cano pidió ante el pleno municipal el expediente por el que se cedía ese suelo y el texto del acuerdo entre Delgado y los Nigorra que permitía la cesión de ese suelo y que daba pie a un auto judicial que autorizaba la transacción. El equipo de gobierno argumenta que no tenía los expedientes y que no hay un convenio. Incluso, en una respuesta, el teniente de alcalde José Manuel Ruíz llegó a asegurar: «Este teniente de alcalde desconoce la existencia de convenio alguno... y es totalmente imposible facilitar copia de documentos que no obran en estos momentos en dependencias municipales».

El tribunal rechaza los argumentos del equipo de gobierno y considera que sus respuestas «evasivas» son irrelevantes ante lo que se pedía. Según el TSJIB, «los servicios jurídicos municipales disponían del contenido del acuerdo conjunto y era eso, y no otra cosa lo que se les solicitaba, de modo que las respuestas evasivas fueron del todo improcedentes».

Francisco Cano pidió en reiteradas ocasiones la información. En dos ocasiones, el teniente de alcalde de asuntos generales, José Manuel Ruíz, contestó que el escrito «no obraba en dependencias municipales».

La sentencia avala también los argumentos del abogado que representa al PSOE, Pablo Alonso de Caso, cuando sostiene que este proceso no tiene relación con el recurso que interpusieron los socialistas contra el acuerdo. Este recurso sigue su tramitación y todavía no ha sido fallado.