La Audiencia Provincial considera culpable al alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, de un delito de malversación de caudales públicos por consentir que el ex concejal Joaquín Rabasco y su secretaria María del Amor Aldao defraudaran 669.450 euros al Ajuntament de Llucmajor. El fallo de la audiencia, conocido ayer, absuelve al alcalde de los delitos de negociación prohibida y fraude a la Administración. La sentencia impone también penas de seis y tres años de cárcel para Rabasco y Aldao, respectivamente, por malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes. Además, los tres acusados tendrán que devolver 681.450 euros a las arcas municipales; es decir, el dinero defraudado más los intereses.
El fallo considera probado que Joaquín Rabasco, entonces único edil de ASI del Ajuntament creó junto a a su secretaria y amante, María del Amor Aldao, un entramado de sociedades, «con la finalidad de aprovecharse de su condición de concejal». Así, consiguió contratos a través de cuatro empresas distintas y facturó al Ajuntament más de un millón de euros por actuaciones y la organización de actividades cuyo coste real era tres veces inferior. Según la sentencia, el dinero se desviaba posteriormente a cuentas de ASI -el partido fundado por el concejal- o del propio Rabasco. Desde las cuentas de las empresas de Aldao, tanto ésta como el líder de ASI retiraron incluso fondos cuando la causa contra ellos ya estaba en marcha.
«Contaban con la colaboración necesaria e imprescindible de Lluc Thomàs que obtenían merced a la influencia y capacidad de presión política que el concejal ostentaba sobre él», señala el fallo. El alcalde, «accedía a sus pretensiones, colaboraba o consentía en la ejecución de dicho plan a sabiendas de que suponía un perjuicio para las arcas municipales». El documento aclara que: «Nadie ha dicho que (el alcalde) se lucrara directamente, cosa que tampoco creemos, mas no sólo delinquen el dador y el receptor, sino también aquéllos que, omitiendo la diligencia que les es exigible por razón de su cargo, posibilitan la trama delictual».
La sentencia, escrita por el presidente del Tribunal, el magistrado Juan Catany, aún no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Lluc Tomàs ya ha anunciado que acudirá al máximo tribunal y probablemente, las defensas de Rabasco y Aldao harán lo mismo en los próximos días.
La malversación de fondos públicos, el principal delito por el que han sido acusados los tres imputados, no constaba en el primer escrito de acusación y fue incluido por la Fiscalía Anticorrupción en sus conclusiones finales. La sentencia rebaja de forma drástica las peticiones de cárcel realizadas por el ministerio público. Así, Tomàs ha sido condenado a tres años de prisión, frente a los ocho que pedía Anticorrupción; Rabasco seis, cuando el fiscal pedía dieciocho y Aldao a 3 cuando se pedían 15. Además de la absolución de varios delitos a los condenados, el Tribunal también ha aplicado a los tres acusados el atenuante de dilaciones indebidas dados los retrasos en la causa, cuyos hechos se remontan al año 2000.
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