El procedimiento de adquisición de los terrenos del carril bici de Son Servera «es irregular»

El polémico carril cicloturístico de Son Servera sigue siendo noticia. A la espera que el Ajuntament de la localidad haga público los resultados de la auditoría encargada por el equipo de gobierno, se han producido nuevas denuncias y se ha vuelto poner en entredicho la gestión municipal respeto a esta nueva infraestructura.
El Partido Popular de Son Servera ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo de pleno de 18 de febrero que aprobó la adquisición de los terrenos afectados por las obras correspondientes al primer tramo del carril Bici y los informes de los técnicos concluyen que el procedimiento de adquisición no ha sido el más adecuado puesto que «es necesaria la disponibilidad de los terrenos por parte del Ajuntament para poder ejecutar las obras».
Hace ya meses que los vecinos disfrutan del carril bici pero todavía no se ha firmado con todos los propietarios la cesión de los terrenos por los que discurre. Ahora el Ajuntament llevó a pleno la aprobación de un convenio para la adquisición de los terrenos. El equipo de gobierno lo aprobó y el PP ha recurrido este acuerdo.
El grupo mayoritario en la oposición entiende que el procedimiento seguido para la ejecución de esta nueva infraestructura ha sido «irregular desde el inicio» y esta acusación se hace «en base a informes técnicos». Así lo explicaba el portavoz del PP, Damià Ripoll. «El Ajuntament invadió unos terrenos de propiedad privada sobre los que se implanta geográficamente el proyecto de carril bici y ha ejecutado la obra sin que estos terrenos se adquirieran previamente a sus propietarios. Los técnicos dicen que esto es nulo de pleno derecho. En el pleno se puso de manifiesto la necesidad de dejar el asunto sobre la mesa puesto que el acuerdo constituye un ilícito administrativo». El portavoz popular añadía que «esta es la chapuza más grande del equipo de gobierno más caro de la historia. El carril bici ha sido muy mal gestionado. Es de una irresponsabilidad total. Con los informes técnicos se ve que era necesario tener los terrenos para empezar. Habrá que ver quien autorizó el inicio de las obras». Según expone el PP en su recurso de reposición «la carencia de disponibilidad de los terrenos comporta la nulidad no sólo del replanteo sino de todos los trámites posteriores. Ahora sólo se ha firmado el convenio con tres propietarios y es ilegal».
Ripoll concluyó que «todo esto ha sido el lucimiento personal de un alcalde que veía que acababa su mandato sin ninguna realización».