Contenidors plens a l'entrada d'Inca. | Antoni Pol

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El Ajuntament d'Inca se ha puesto en pie de guerra para poner fin a los vertidos ilegales que día tras día se producen en los diferentes puntos de recogida ubicados en las afueras de la ciudad. Desde hace unos meses, la Policía Local ha intensificado la vigilancia de estos puntos «y se ha iniciado la tramitación de unos 30 expedientes sancionadores que acabarán con una multa ejemplar hacia los infractores», según explicaron fuentes del Ajuntament.

El alcalde, Rafel Torres, explicó que «hemos detectado como vecinos de Binissalem, Llubí o Mancor paran en los puntos de recogida situados en las carreteras de entrada a Inca para depositar la basura fuera del horario que establece la ordenanza municipal. También se vierten residuos como escombros de obra u otros materiales que no están permitidos».

Esta práctica de los vecinos en cuyos pueblos se lleva a cabo la recogida selectiva supone un encarecimiento de la tasa de residuos para el Ajuntament de Inca. «Además de ensuciar los puntos de recogida, los vecinos de Inca deben pagar el sobrecoste que supone la basura de los ciudadanos de los pueblos cercanos a la ciudad», sentenció Torres.

Por esta razón, el Ajuntament resolverá los expedientes interpuestos hasta el momento y pondrá las multas pertinentes que oscilan entre los 30 y los 300 euros, según dicta la ordenanza municipal. Aún así, «los servicios jurídicos del Ajuntament estudian poder aplicar la sanción en base a la ley de residuos estatal por lo que las multas serán mucho más elevadas. Se pretende poner multas ejemplares», informaron fuentes del Consistorio.

Por otra parte, el Ajuntament recuerda que existe el servicio del punto verde donde se recogen pequeñas cantidades de vertidos de obra.