El Govern balear desclasificó en 2008 la parte alta de la montaña del Vilà debido a su interés paisajístico. Diseñada en el año 1983 la urbanización nunca se ha llegado a completar aunque dispone de viales, red de agua y alumbrado público. | Ultima Hora

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El Ajuntament de Pollença pedirá ayuda al Consell de Mallorca para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que le obligan a desarrollar la urbanización del Vilà desclasificada parcialmente por el Govern en 2008.

La desclasificación del 2008 afectaba exclusivamente a 28 de las 135 parcelas de la urbanización.
El Govern protegió la parte más alta de la montaña pero incluyó una zona verde de 8.000 metros cuadrados necesaria para desarrollar el resto de la urbanización cumpliendo con los parámetros de cesión de zonas verdes y viales obligatorios. La urbanización, marcada por décadas de inactividad, está completamente bloqueada desde entonces.

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El alcalde Miquel Àngel March explicó este martes que el Ajuntament hará ahora una consulta al Consell para saber cómo cumplir con los ratios de zonas verdes, si es conveniente o no cambiar el sistema de ejecución (ahora es potestad del Ajuntament desarrollar la zona) y en caso de cambiar el sistema para que sean los propietarios quienes desarrollen la urbanización, saber si es preciso modificar el Plan General de Ordenación Urbana.

La Asociación administrativa de Cooperación del Vilà registró el 1 de febrero un escrito solicitando la reactivación del proceso urbanizador del Vilà ante el Ajuntament de Pollença. Ahora ultima la redacción de un convenio de ejecución de las sentencias judiciales que confirmaron el cambio al sistema de ejecución actual. Advierten de una inactividad «manifiesta» e «indemnizable» por parte del Ajuntament, y le avisan de que si no cumple con el citado convenio en el plazo de un mes recurrirán a la vía contenciosa para forzar el cumplimiento. No todos los propietarios forman parte de la asociación administrativa que, no obstante, asegura que tiene plena capacidad jurídica. «Solo puede haber una y los propietarios responden de los gastos de urbanización con la garantía de sus parcelas sean o no miembros de la asociación», dice su abogado, Leopoldo de Miguel.