Los ecologistas discuten que esta infraestructura no afecte ambientalmente al puerto. | Ultima Hora

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El grupo ecologista GOB ha manifestado su rechazo al proyecto de un centro de almacenamiento y distribución de cemento previsto por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en el port d'Alcúdia, por considerarlo injustificado, y ha pedido que lo archive.

La entidad ha criticado además en un comunicado que el proyecto de la compañía Transpulve, que «no garantiza en absoluto la inocuidad ambiental», se haya llevando adelante sin haber convocado un concurso abierto para valorar las mejores opciones ambientales y económicas.

El GOB ha presentado un escrito de alegaciones ante la APB pidiendo que eleve a su consejo de administración la propuesta de dejar sin efecto el otorgamiento de la concesión del proyecto para implantar en el puerto de Alcudia un centro de almacenamiento y distribución de cemento y lo archive.

Según la organización verde, no está justificada la necesidad, oportunidad y conveniencia de la construcción de tres silos de cemento, como centro de almacenamiento y distribución, y además no está garantizado que las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y transporte no afecten al medio ambiente.

El GOB ha recordado que el puerto de Alcúdia está ubicado en una «zona sensible» y catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria, LIC.

Además, la entidad considera que la superficie de ocupación del dominio público portuario realmente necesaria para desarrollar la actividad es de 2.899 metros cuadrados, pero «se reduce artificiosamente para no superar la superficie de 2.500 m2» y facilitar el otorgamiento directo de la concesión por un período de 18 años a la entidad Transpulve 2009, sin concurso.

El GOB ha defendido que el sistema de adjudicación por concurso, permite a la administración portuaria no ir a remolque de la iniciativa privada, y posibilita la redacción de un pliego de bases que garantice ab initio las condiciones ambientales óptimas.

La entidad ha denunciado que la operación comenzó con la renuncia a la concesión de 2010 por la empresa adjudicataria Sitges Reunides y ha continuado con este nuevo procedimiento de adjudicación sin concurso a Transpulve 2009, con conexiones directas con la anterior.

El GOB cuestiona que con la actual concesión la APB vaya a percibir en concepto de tasas 131.938 euros anuales, cuando la anterior concesión implicaba 569.680 euros al año.