Los trabajos de demolición del adosado se iniciaron en febrero de 2017. | Antoni Pol

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El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma, ordenó en una providencia dictada hace unas semanas «imponer multas» coercitivas de 300 euros cada 20 días al alcalde de Santa Eugènia, Xisco Martorell, por no dar cumplimiento a una sentencia que ordenaba demoler un adosado en el llogaret de ses Olleries.

El Ajuntament, condenado, ha presentado recurso y remitido al juez un «informe del arquitecto municipal» en que señala que la edificación ya está demolida, informó a este rotativo el letrado que representa al Consistorio. El magistrado aun no se ha pronunciado sobre este recurso, añadió el abogado, de manera que las multas aun no se han aplicado.

Martorell declaró esta semana que la demolición se ejecutó «completamente» y atribuyó el retraso de su notificación al magistrado al hecho de que el municipio ha estado durante un período de tiempo sin arquitecto. Pero «ya la hemos enviado el certificado del final de obra», indicó.