El juzgado investiga si hubo soborno en la adjudicación de las playas de Felanitx

Tauler, actual portavoz municipal del Partido Popular, compareció a principios de este mes en el juzgado. Ya había declarado cuando la causa estaba declarada secreta. En su última comparecencia se limitó a ratificarse en lo que había dicho hace alrededor de un año y se acogió a su derecho a no declarar.

La causa se inicia tras la denuncia de un empresario que concurrió al concurso para adjudicar la explotación de las playas del año 2014 que tenía vigencia hasta el año pasado, pero que se ha prorrogado también este verano. Tras la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil iniciaron unas pesquisas que desembocaron en la presentación de una querella contra los responsables municipales por parte del ministerio público. El juzgado mantuvo varios meses más una investigación bajo secreto de sumario, que ahora se ha levantado. En las próximas semanas comparecerán varios testigos ante la magistrada encargada del caso, una vez se ha completado la toma de declaración de los imputados.

La querella del ministerio público planteaba la existencia de indicios de que la empresa que ganó el concurso tuvo las bases de la convocatoria con anterioridad y que sus responsables se habían puesto de acuerdo con los cargos municipales para manipular el concurso. Esta mercantil fue la que se hizo con los lotes más importantes de aquellos en los que se dividieron las playas: s'Arenal y Cala Marçal y el de Cala Ferrera y Cala sa Nau. Es en torno a estos dos en los que se centran las investigaciones judiciales. Precisamente, uno de los indicios que detonó la investigación es que la empresa empezó a explotar una de las playas antes de que terminaran todos los trámites administrativos. El contrato incluía servicios como los chiringuitos y las hamacas, además de los servicios de socorrismo y limpieza de los arenales.

El Ajuntament de Felantix aprobó el pasado mes de abril una prórroga por un año de la concesión. En ese pleno, el ahora portavoz del PP y entonces alcalde, Gabriel Tauler, mostró su disconformidad con la decisión y se marchó airado. Las denuncias en torno a las supuestas irregularidades parten por un fuerte enfrentamiento entre las empresas. Una furgoneta del adjudicatario chocó contra un tenderete del denunciante, lo que provocó a su vez una acusación por daños.