Se trata, en primer lugar, de acabar con una inseguridad jurídica que castiga a las tres áreas de excesos –ubicadas en la Platja de Palma, Sant Antoni de Portmany y Magaluf–, pero que castiga con más fuerza a la localidad calvianera. Allí, la Ordenanza de Convivencia permite que se ejecute el cierre de un bar, restaurante o discoteca de forma inmediata, atendiendo únicamente al criterio del agente de policía. Así lo denuncia uno de los abogados que más casos de este tipo acumula en su despacho, y que subraya las «cuantiosas pérdidas económicas» a las que se están enfrentando los empresarios, que quedan «totalmente indefensos» ante el «poder desmesurado» otorgado por la norma a los agentes del orden.
En este sentido, algunos negocios han visto cómo supuestas irregularidades les obligaban a bajar la barrera «durante varios días». Después, con miles de euros de pérdidas en la caja, el Departamento de Actividades puede dar la razón al empresario, que reabre el negocio tras un «grave perjuicio» del cual «nadie responde». La enorme discrecionalidad existente, unida a la falta de literalidad de la ley de excesos, ha provocado casos tan llamativos como el de la discoteca Temple, precintada después de que un agente entendiera como cosificación de la mujer el baile de una gogó a las puertas del establecimiento, algo prohibido en el artículo 7. Sin embargo, la norma –de origen autonómico, pero con la potestad sancionadora transferida al Ajuntament de Calvià– no detalla en ningún punto de su texto qué casos suponen una cosificación, algo que ha provocado que durante dos veranos las bailarinas pudieran trabajar sin problemas, hasta que la interpretación de un policía ha dejado en la calle a las chicas que –de forma voluntaria– se ganaban la vida con el baile.
Fofo Robledo, desde CAEB Restauración, y Pepe Tirado, como presidente de Acotur, tienen claro que se debe acometer una importante reforma tanto del fondo de esa norma como de la manera en la que se aplican las sanciones, calificadas como de grado medio desde el primer incumplimiento, algo que –según subraya Tirado– atenta contra los principios de la ley de actividades de Baleares. Así, se imponen «a las primeras de cambio» multas astronómicas que rebasan fácilmente los 50.000 y 60.000 euros, y que dificultan la supervivencia de los pequeños negocios. «Hay empresarios que ya prevén que entre un 20 y un 30 % de sus ingresos irán destinados a afrontar sanciones», señala uno de estos letrados, que lamenta el «afán recaudatorio» mostrado hasta la fecha por la administración.
6 comentarios
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Vosotros a llenaros los bolsillos y el ciudadano a pagar la cuenta que nos cuesta las fuerzas del orden, hace años que se tendría que haber acabado ese turismo de borrachera
Sin embargo yo creo que todavía es muy permisiva. Yo al primer "cliente" que veo bebiendo en la calle le cierro el antro. Esta basura de turismo se tiene que acabar.
Magaluf i s'Arenal s'han de convertir en bosc per dignificar Mallorca
Ja, ja, ja, inseguridad jurídica le llama un caco a la Ley que le impide robar o dar un navajazo. Ya nos lo sabemos de los promotores urbanísticos sin escrúpulos, de los defensores del alquiler vacacional sin límites y ahora de los que hacen negocio con los hooligans. Inseguridad jurídica, juas, juas. Llenya batuadell.
¡Pobres "empresarios"! No sé de que se quejan, cuando son ellos mismos quienes fomentan, no atienden a las advertencias y recomendaciones que se les dan por parte de la autoridades, para que no se cometan excesos y, luego se lamentan.
Playa de Palma y Magalluf son territorio comanche. Habría que crear y aplicar una normativa mucho más estricta contra el turismo de excesos. Yo básicamente lo prohibiría, esto es, controlaría la venta de alcohol con impuestos mucho más caros en zonas turísticas, eliminaría las barras libres y el todo incluido, y a su vez fiscalizaria la venta de sustancias estupefacientes (ilegales) y otras sustancias (legales) como el óxido nitroso (gas de la risa).