Servicio de recogida del Ajuntament de Llucmajor.

Servicio de recogida del Ajuntament de Llucmajor.

Cati Amores19/07/24 13:20Actualizado a las 17:17
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Los servicios técnicos del Ajuntament de Llucmajor abren la posibilidad de que la equiparación de los sueldos de los empleados del servicios de residuos sólidos urbanos al actual convenio colectivo que anunció el equipo de gobierno, pueda realizarse siempre que el Pleno resuelva que el mencionado servicio de recogida es un servicio esencial, cuya continuidad debe quedar garantizada y cuyo fin último es el interés general que se concreta en la protección de la salubridad pública. Así lo asegura el equipo de gobierno municipal en una nota de prensa.

Cabe recordar que el personal del servicio convocó una huelga que debía iniciarse el pasado 7 de marzo con la pretensión de percibir la remuneración adicional reflejada en la tabla salarial del nuevo convenio colectivo, ya que se consideraban en desigualdad con otros trabajadores del sector que si percibían dichos salarios. Ante esta situación, y para evitar la huelga, el Ajuntament se comprometió a pagar de manera mensual el importe de esta diferencia salarial a través de las facturas del servicio. El Ajuntament estableció como condición que esta cantidad económica fuera íntegramente para los empleados de la recogida del municipio. Además, paralelamente se solicitó a los servicios técnicos del Ajuntament un informe previo al pago de las facturas con la actualización de salarios al actual convenio tal y cómo habían pedido previamente los grupos de la oposición que dudaban de la legalidad de esta acción.

Tras estudiar el caso, el informe, según el Ajuntament sí permitiría la acción si se valora el servicio como esencial.

Sin embargo, desde la oposición, el partido vecinal Llibertat Llucmajor ha emitido un comunicado en el que niega la afirmación del consistorio y asegura que el informe en cuestión «confirman que la Alcaldesa de Llucmajor se arriesga a prevaricar». El portavoz de la formación, Alexandro Gaffar, fue contundente y confirmó que «si pagan ese medio millón de euros con los informes jurídicos en contra acabarán en los juzgados por presunta prevaricación. La excusa que dan de que han de pagar porque es un tema de "salud pública" no se sostiene, pues hay otras vías legales para dar solución al problema».