En 2017 el Consell pagó 16 millones por el rescate frente a los 30 que pedía el concesionario. | Pere Bota -

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Cuando se acaba de cumplir el plazo para ejecutar la sentencia de la indemnización por el rescate del túnel de Sóller, el Consell se basa ahora en un informe técnico para intentar minimizar el impacto sobre las arcas públicas. El Conseller de Territori, Fernando Rubio, recordó este jueves que «después de conocer la sentencia que establece que el rescate fue ilegal, ya anunciamos que trabajaríamos junto a los técnicos para intentar que la indemnización fuera la menor posible y, efectivamente, la conclusión es que el rescate ya se pagó en su momento y que se pagaron 16 millones cuando lo que correspondía, según los técnicos, eran 13,5 millones».

El Tribunal Supremo dictó el año pasado sentencia firme en la que dictaminó que el rescate de la concesión, en 2017, fue nulo de pleno derecho. Sin embargo, el alto tribunal no fijó la cuantía de la indemnización. En su momento, la empresa reclamaba más de 30 millones de euros y el Consell, gobernado por el Pacte, calculó y abonó la cifra de 16 millones. La sentencia del Supremo no dirimió sobre esta cuestión. En mayo, el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Palma notificó la sentencia al Consell y estableció un plazo de dos meses para ejecutarla, sin fijar tampoco la indemnización. La concesionaria ha mantenido su petición, por lo que según sus propios cálculos faltarían aún 14 millones por cobrar.

Més

El portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, instó este viernes al pacto PP-Vox a defender el interés general y pidió reclamar la diferencia entre el informe inicial y el definitivo. Este nuevo informe, según Alzamora, corrobora que no debería haber ninguna indemnización extraordinaria «como de forma demagógica ha intentado hacer creer el PP». Considera que «el informe echa por tierra las tesis del PP y su falacia y ahora el Consell no solo debe mantenerse firme, sino que debe reclamar la diferencia».

Alzamora insiste en que el rescate se calculó en base a estimaciones mientras que el de ahora está basado en datos reales que incluyen el descenso de tráfico en época COVID. «Está claro que en su momento se estimó una cuantía justa y que ahora no es necesaria ninguna reclamación por parte de la empresa y quien debe reclamar es el Consell», concluye.