Precintados los apartamentos vacíos de Cala Llamp a la espera de su demolición

La alcaldesa de la localidad, Estefanía Gonzalvo, confirmó a este periódico que agentes de la Policía Local, junto a la secretaria municipal y miembros de la brigada realizaron algunas mediciones para poder ejecutar la redacción del modificado del proyecto. «En realidad, esta actuación la podíamos realizar en el transcurso de las obras ya que no implica grandes cambios y solo los tendremos que presentar a la empresa adjudicataria que ha de encargarse de los trabajos» señaló la alcaldesa quien reconoce que esta actuación la han podido realizar porque han recibido la orden del juez que les autorizaba a entrar en las 12 viviendas. Además, añade Gonzalvo, se aprovechó que una vez realizadas las mediciones pertinentes se optó por precintar los pisos y así poder tener los trabajos avanzados de cara a la futura demolición de los edificios. «Todavía no tenemos fecha para el derribo, ya que estamos esperando la orden judicial que nos permita iniciar las obras, creemos que será en breve pero todavía no sabemos la fecha exacta», añadió.

De los 12 apartamentos ilegales que hay en la calle Tonyina, este miércoles los funcionarios solo encontraron uno habitado por una pareja extranjera que tenia el piso alquilado. Otro de los propietarios se personó también en el lugar y solicitó que se desprecintara su casa para poder vaciarla, cosa que la Policía accedió.

Cabe recordar que desde septiembre de 2013 pesa una orden de demolición después que el juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 Palma declarara nula la licencia urbanística que permitió su construcción. Estos 12 apartamentos ilegales de la calle Tonyina se construyeron al amparo de una licencia urbanística concedida en verano de 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo, que fue condenado posteriormente a prisión por demás delitos urbanísticos. La denuncia, en este caso, la formuló el GOB.

En todo este tiempo los propietarios de los apartamentos de han intentado hasta el final evitar la ejecución de la sentencia y la consiguiente demolición de las viviendas, por las que llegaron a pagar 600.000 por cada una. Ello ha demorado todavía más el proceso.