El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la reforma de la
Ley de Extranjería aprobada el pasado 14 de diciembre en el Senado.
El texto legislativo aprobado con el apoyo de PP, CiU y Coalición
Canaria y que entrará en vigor dentro de un mes, estipula la
expulsión de casi 28.000 inmigrantes que se encuentran en nuestro
país en situación irregular. Otras 137.454 personas han logrado
obtener permisos de trabajo y de residencia. El Gobierno no
considera que esta reforma haga desaparecer el ´efecto llamada´ que
vive el país en los últimos meses.
La reforma de la Ley sustituye a la aprobada el 22 de diciembre
de 1999 y pretende regir la entrada y permanencia en territorio
español de todas aquellas personas que se hayan introducido de
forma ilegal en el mismo. De esta forma se incrementa la capacidad
de actuación del Estado en el control de la inmigración ilegal para
adecuarlo al nivel de otros estados miembros de la Unión Europea.
El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja afirmó ayer que la nueva
Ley tiene la virtud de colocar en España una legislación media
respecto de la europea y que la mejor forma para afrontar el
fenómeno de la inmigración es lograr un punto medio entre la
ingenuidad y la intolerancia.
Oreja apostó también por atajar el problema en los países de
origen, lograr convenios para que los inmigrantes lleguen con su
situación legalizada y luchar contra la inmigración irregular. En
el nuevo texto se establece un régimen de situaciones y permisos
que tienen como objetivo incentivar la entrada y residencia de los
extranjeros en España dentro de un marco de regularidad. También se
introduce la posibilidad de concesión de un permiso de residencia
temporal cuando concurran razones humanitarias o circunstancias
excepcionales.
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