Las comumidades autónomas gobernadas por el Partido Popular
(Madrid, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Murcia), además de
Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrán una
tarjeta sanitaria común después del acuerdo firmado ayer por la
mayoría de ellas en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura,
Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Balears), además de Cataluña
y País Vasco, han rechazado la propuesta al considerar que no
contiene nada nuevo y que es un retroceso para los sistemas de
salud de algunas autonomías. Estas voces críticas piden además que
la tarjeta no sea un documento meramente identificativo sino que
contenga datos como el historial clínico del paciente o su historia
laboral.
Este documento incluirá los datos básicos de identificación del
titular y facilitará la circulación de pacientes por toda España
garantizando que los servicios de salud proporcionen en cada caso
la asistencia precisa. El pleno dio luz verde también al Plan
Nacional contra el Tabaquismo, que pretende ampliar la prohibición
de su consumo hasta los 18 años y dar una mayor protección a los no
fumadores. Además Sanidad y comunidades autónomas dieron el visto
bueno al real decreto para homogeneizar las listas de espera en
todo el territorio nacional.
El Plan Nacional contra el Tabaquismo, que se desarrollará hasta
2007, incluye entre sus principales medidas establecer «lugares de
trabajo especiales (centros docentes, sanitarios, públicos y de
ocio) como espacios libres de humo», y «suprimir máquinas
expendedoras de tabaco (que no distinguen la edad del comprador),
contemplando la venta personalizada como forma principal de
adquisición de estos productos».
Además se pretende sacar el tabaco del IPC, aumentar su precio y
prohibir su venta en cigarrillos sueltos, de manera que sea menos
accesible a los jóvenes. Las autoridades también tendrán que velar
por el cumplimiento de la normativa sobre «espacios sin humo» en el
ámbito de las administraciones públicas y de los centros sociales y
de atención al público.
Por otro lado, el Consejo dio el visto bueno a un borrador según
el cual el Ministerio de Sanidad y Consumo hará pública cada seis
meses la información sobre la evolución general de las listas de
espera en todo el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta
como fechas de corte el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada
año. Además, los servicios de salud de las comunidades autónomas
«deberán proporcionar a los ciudadanos la información personalizada
sobre la espera prevista, en el marco de su proceso
asistencial».
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