El ministerio de Sanidad estima que podrá ahorrar 1.000 millones de
euros con las medidas de racionalización del gasto farmacéutico que
han sido incluidas en el proyecto de ley del medicamento aprobado
ayer en Consejo de ministros para su remisión a Cortes.
También dijo Salgado que habrá una financiación selectiva de los
nuevos medicamentos que aparezcan, en el sentido de que el Sistema
Nacional de Salud (SNS) sólo financiará aquellos que incorporan
mejoras reales a lo ya existentes en otras prestaciones
farmacéuticas.
La titular de Sanidad, Elena Salgado, explicó que el texto la
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
Sanitarios nace «precisamente con el objetivo de fomentar la
racionalización del gasto y del uso de los medicamentos».
Así, se establece una rebaja del 20 por ciento en el precio de
aquellos fármacos que pasados 10 años, que es cuando finaliza la
fase de protección de datos, cuenten con un genérico de menor
precio en la Unión Europea.
Recordó la ministra que el SNS ha aprobado más de 10.000
prestaciones farmacéuticas, una cifra muy superior a la de muchos
países del entorno. También explicó que en este momento la
industria farmacéutica hace unas aportaciones «razonables» a la
investigación biomédica española y formación de profesionales
sanitarios en razón de su ventas al SNS, que es su principal
comprador, con mas de un 90 por ciento del total de la
producción.
El proyecto incluye también medidas para que los prospectos sean
más comprensibles para los ciudadanos y obliga a las empresas a
contar con un seguro obligatorio para responder ante los posibles
daños que pudieran causar los medicamentos. También se obliga a la
publicación de los resultados de cualquier ensayo clínico, tanto
positivos como negativos (la ley actual permite que sólo se
publiquen los favorables).
Los farmacéuticos que incumplan la exigencia de receta para los
fármacos que la precisen serán sancionados con multas de entre
30.001 y 90.000 euros.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valoró ayer
positivamente el proyecto de Ley del Medicamento, aunque cree que
la norma debe mejorarse durante su tramitación parlamentaria para
impulsar «el uso racional del medicamento». La OCU respalda el
esfuerzo por mejorar la información de los prospectos para
facilitar su comprensión; la exigencia de la receta médica como
documento imprescindible para la seguridad del paciente; la
promoción de sistemas de información de calidad periódica e
independiente a los profesionales sanitarios; y el refuerzo de la
independencia de esos profesionales ante la industria
farmacéutica.
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