Una de cada diez personas en el mundo pagó durante 2006 un soborno, según un informe de Transparencia Internacional presentado ayer en Berlín. Este informe sobre el barómetro global de la corrupción complementa el índice difundido el pasado mes de mayo y constata un año más que la corrupción no sólo sigue formando parte de la vida diaria, sino que aumentó su presencia en Asia, Pacífico y sureste de Europa, afectando sobre todo a los jóvenes y las personas con menos ingresos.
Según Transparencia Internacional, de las 63.199 personas de 60 países consultadas para esta encuesta global sobre corrupción, el 13 por ciento declaró que el pasado año se les pidió y pagaron un soborno para obtener servicios públicos, desde permisos a prestaciones jurídicas y sanitarias.
En Àfrica, ese porcentaje fue del 42 por ciento; en Asia y Pacífico del 22 por ciento, en Estados Unidos y Canadá del 2 por ciento, en el sureste de Europa del 12 por ciento y en Rusia, Moldavia y Ucrania del 21 por ciento.
En América Latina el porcentaje de encuestados que tuvieron que pagar un soborno para obtener un servicio fue del 13 por ciento, aunque sólo Venezuela y Argentina se sitúan, con el 12 y el 5 por ciento, respectivamente, por debajo de esa media.
Poco soborno en España
En la Unión Europea (UE), el 5 por ciento los encuestados para este informe pagó un soborno a cambio de una prestación, práctica que en Rumania, Grecia y Lituania confesó haber seguido entre el 27 y el 33 por ciento de los encuestados. Frente a ese grupo de países comunitarios se sitúan España, donde el 3 por ciento de los encuestados pagó un soborno el pasado año, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia e Irlanda, todos con el 2 por ciento, seguidos, con un 1 por ciento de Austria, Francia y Suecia.
El grado de corrupción varía sensiblemente de un país a otro, pero coincide en que la institución pública más «corrupta» es la policía, hasta el punto de que uno de cada cuatro ciudadanos de todo el mundo que tuvo contacto con ese cuerpo fue «invitado» a pagar un soborno y uno de cada seis acabó haciéndolo.
No obstante, los ciudadanos creen de que los más infectados por esa lacra son los partidos políticos y el poder legislativo.
La práctica del soborno es también un problema de alcance en los ámbitos de la justicia, servicios de registro y permisos, educativo, salud y los proveedores de electricidad.
La presidenta de Transparencia Internacional, Hugette Labelle, señaló que «el hecho de que el poder judicial aparezca, tras la policía, como el sector más afectado por el soborno arroja serias dudas sobre las garantías democráticas de los ciudadanos y la eficacia de la lucha, desde dentro, contra la corrupción».
El futuro no es más halagüeño, pues más de la mitad de los encuestados piensa que el nivel de corrupción se incrementará los próximos tres años, frente al optimismo expresado por uno de cada cinco.
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