Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que la falta de interés del Gobierno y de las autoridades judiciales por combatir la xenofobia ha provocado que este tipo de agresiones pasen desapercibidas en España y que sus víctimas sean «invisibles». En la presentación del informe «España, entre la desgana y la invisibilidad», el director de AI España, Esteban Beltrán, explicó que, cada año, la Guardia Civil recibe entre diez y veinte denuncias de ataques racistas y la Policía Nacional, entre ochenta y cien.
Sin embargo, según el Informe Raxen, apuntó Beltrán, en España se producen 4.000 ataques racistas cada año, incidentes que no se conocen porque el Gobierno no publica los datos oficiales de estos delitos, algo que sólo ocurre en otros cuatro países de la UE. Según Amnistía Internacional, en España proliferan los sitios web y publicaciones racistas y antisemitas, que actualmente tienen unos 15.000 miembros asociados.
Pese a estas circunstancias, según datos del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los españoles perciben la inmigración como el tercer problema social y sólo el 0,7 por ciento considera que existe racismo y que es un problema. Además, según el CIS, los españoles están aumentando las actitudes hostiles hacia el colectivo de inmigrantes, desde el 8 por ciento registrado en 1997 hasta el 32 por ciento de 2004.
Frente a lo preocupante de todos estos datos, denunció Beltrán, el Gobierno español no tiene «ningún interés» en combatir el racismo pese a que ello supone «desproteger al diez por ciento de la población», subrayó. En ese sentido, denunció que en 2003 el Gobierno creó el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, un organismo que hoy por hoy todavía no ha publicado ningún informe; ese mismo año, el Ejecutivo creó el Consejo de Igualdad de Trato, que, cinco años más tarde, aún no se ha constituido.
Amnistía Internacional acusó también al poder judicial de la «desidia» y la «falta de interés» en combatir el racismo, como demuestra la falta de jurisprudencia en este tipo de casos. Además, agregó Beltrán, aunque desde 1995, el Código Penal recoge la posibilidad de aumentar las penas por racismo, esta figura jurídica sólo se aplicó en dos sentencias en 2007.
Por todo ello, Amnistía Internacional recomendó hoy al Gobierno que ponga en marcha un Plan estatal e integral de lucha contra todo tipo de xenofobia, con medidas de carácter educativo, social y laboral y para combatir el racismo en todos los frentes, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo reclamó medidas específicas para proteger más a las mujeres (especialmente las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación irregular) y a los menores no acompañados para «evitar las expulsiones que se disfrazan como repatriaciones».
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