Varios cuerpos de inmigrantes yacen en la playa de Libreville, en Gabón, tras naufragar su barca. Foto: ANTOINE LAWSON/REUTERS

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El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, denunció ayer que Mauritania se ha convertido en «la policía de Europa y de España», y que cada mes detiene arbitrariamente y de forma «preventiva» e «irregular» a todos los subsaharianos «susceptibles» de querer llegar a España.

Según Amnistía Internacional, la policía mauritana arresta cada mes a 200 ó 300 inmigrantes. Sin asistencia jurídica ni información de ningún tipo, estos inmigrantes son enviados a un centro de internamiento en Nuadibú -conocido popularmente como el Guantanamito- y desde ahí, pocos días después, son expulsados a Senegal y Malí.

El informe Nadie quiere tener nada que ver con nosotros, elaborado por el responsable del secretariado internacional de esta ONG, Salvatore Sagués, y presentado ayer por el máximo responsable de Amnistía Internacional de España, explica que ésta es la singular «cooperación» que existe entre Mauritania y España para luchar contra la inmigración irregular.

La colaboración entre España y Mauritania se basa en un acuerdo bilateral suscrito en 2003 que permite a este país africano detener a todos los subsaharianos que presuntamente quieren llegar a Canarias y a los que hayan sido expulsados de España.

Según Sagués, la mera sospecha de que un subsahariano intentará llegar a España -como llevar la camiseta del Fútbol Club Barcelona- es motivo suficiente para que la policía mauritana «le detenga, le robe, le extorsione» y le envíe al centro de internamiento de Nuadibú, desde donde será expulsado a Malí y Senegal.

El informe explica también que todo este proceso se hace «con la impunidad total de la policía mauritana» y sin ningún tipo de garantías jurídicas o asistencia letrada para los detenidos.

Toda esta vulneración de derechos se produce por la presión que España ejerce sobre Mauritania, según Amnistía, por lo que exige al Ejecutivo español que frene las expulsiones colectivas que se están realizando con su consentimiento, que se asegure de que el centro de Nuadibú no se utilizará para vulnerar los derechos humanos y que en sus acuerdos con Mauritania incluya cláusulas que obliguen a respetar los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, «es inadmisible» que España permita e incite este tipo de detenciones irregulares y expulsiones masivas.