El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que los médicos y sanitarios que objeten a la futura Ley del Aborto realizarían un acto de «desobediencia civil». Según afirmó, «hay supuestos en los que debe haber objeción de conciencia», pero este derecho debe ser legislado por «el único órgano constitucional que puede regular los derechos fundamentales de los ciudadanos», en referencia a las Cortes Generales.
«En nuestro país no hay más objeción de conciencia que aquella que está expresamente establecida en la Constitución o por el legislador en las Cortes Generales», aseguró el ministro, que calificó de «muy preocupante» que la obligación de autorización de los padres para que aborte una menor de 16 años pueda llevarla «a un circuito sanitario que no está homologado».
«Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría en muchísimos temas, en éste y en otros muchos, a la desobediencia civil», aseguró el ministro de Justicia. «Allí donde no hay una ley que lo permita, estoy con el Tribunal Supremo y su sentencia sobre Educación para la Ciudadanía. No cabe la objeción de conciencia», aseveró.
Caamaño señaló además que los 16 años marcan la mayoría de edad sanitaria en España «y en la mayoría de los países de nuestro entorno», en referencia a la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, y «más allá» de la negociación que puedan llevar a cabo los grupos parlamentarios durante la tramitación del proyecto de ley. «¿Por qué no puede serlo para este tipo de prácticas si lo es para otro?», se preguntó, y señaló que «la confianza no la sustituye el derecho». «El derecho regula el matrimonio, no regula el amor. El derecho regula las relaciones de familia, no la confianza entre los miembros de la familia», concluyó.
El ministro de Justicia defendió «plenamente» la «constitucionalidad» del anteproyecto de ley impulsado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Según declaró, el proyecto no introduce «ningún elemento excepcional o distinto» al recogido en la legislación de otros países occidentales. En todo caso, se ha mostrado abierto a que la negociación en las Cortes pueda establecer «alguna modulación», y citó una aplicación del modelo francés, en el que la menor debe acudir a los servicios sanitarios «acompañada de un adulto». En todo caso, «puede ser su novio», puntualizó.
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