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La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno que permita que los menores transexuales puedan cambiar su sexo y nombre en el registro.

En concreto, la iniciativa pide al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado a impulsar una reforma de la ley que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir modificarla en cuanto al sexo y nombre de los menores transexuales.

Además, el Parlament también pide modificar las exigencias establecidas respecto al registro de cambio de sexo, y posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España.

Paralelamente, la Comisión ha reclamado modificar la ley del Registro Civil para eliminar la prohibición de nombres propios «que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo».

Asimismo, la PNL también insta a modificar la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, «para que una mujer, casada o no con su pareja, pueda manifestar ante el Registro Civil, que consiente que cuando nazca el hijo gestado por su pareja, se determine en su favor la filiación respecto del nacido».

La PNL, presentada por MÉS per Menorca, ha sido aprobada tras incorporar una enmienda de PSIB y MÉS per Mallorca.

La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament también ha debatido una PNL, presentada por Cs, en la que piden restablecer la obligatoria suscripción, con las excepciones regladas, del convenio especial de Seguridad Social de los cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia (sistema de autonomía y atención a la dependencia), así como el ingreso de su correspondiente cotización a cargo exclusivo del Estado.

Además, también reclama aumentar la financiación a la Ley de la Dependencia, a fin de recuperar los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia, y promover un Pacto de estado por los Servicios Sociales, consensuado con la FEM y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, «con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible».