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Estamos en pleno agosto y deberíamos hablar de cosas fútiles, como el calor o los mosquitos, pero no podemos evadir la carga informativa. Los ucranianos invaden Rusia y el ejército de Putin es incapaz de detenerlos. El efecto Kamala Harris se está comiendo por los pies a un incrédulo Donald Trump. España cosecha un paupérrimo medallero en el París olímpico. Puigdemont juega con éxito al escapismo en Barcelona mientras el juez Llarena sigue sin activar la orden de detención europea. Los jueces del Supremo dejan sin efecto la ley de amnistía aprobada en la presunta sede de la soberanía nacional. Más cerca de nosotros, la playa des Trenc estaba casi desierta el domingo, durante la protesta contra la masificación. Todo un president del Parlament balear es investigado por un supuesto delito de odio. Y la sorpresa mayor, que ha pasado casi desapercibida: un ministerio español ha dado señales de vida en plena canícula. Ha sido el de Inclusión y Migraciones, que ha pedido al de Trabajo que también se ponga a trabajar. Hay que investigar con urgencia una explotación agraria de Manacor porque un empleado asegura que hay hacinamiento, malas condiciones sanitarias y jornadas de hasta 17 horas. La ministra Elma Saiz ha interrumpido sus vacaciones y ha puesto el grito en el cielo: «Nunca vamos a escatimar esfuerzos en combatir la explotación laboral», ha sentenciado. Ante tal caso de eficiencia administrativa y de justicia social en pleno agosto, nos preguntamos, ¿qué sucede aquí? Y vemos que el empresario e ingeniero agrónomo Toni Gili no es del PSOE ni de Sumar, sino de Vox. Ay, amigo...