Desde la pandemia, el 98 por ciento de los niños españoles de diez a 15 años utiliza internet de forma natural, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Además, datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky apuntan a que el 61 por ciento de los menores recibe su primer dispositivo entre los ocho y los doce años.
El hecho de que cada vez sea más temprana la edad a la que los niños tienen su primer contacto con un dispositivo conectado a internet, y que este ofrece facilidades de acceso a cualquier tipo de contenido, hace cada vez más necesario un control tanto por parte de las familias como de las propias redes sociales, así como una regulación que lo sustente, a ejemplo de lo que ya ocurre en el mundo real.
Es por eso que, de un tiempo a esta parte, las redes sociales más populares, como TikTok o Instagram, han desarrollado diferentes formatos de verificación de edad. En el caso de esta última, se demuestra con la función que ahora permite a los usuarios confirmar la edad que tienen con videoselfis.
TikTok, por su parte, utiliza un filtro de control de la edad, por el que en el momento de creación de una cuenta, la plataforma solicita al usuario el día, el mes y el año de su nacimiento. Dado que los usuarios pueden mentir sobre este dato, también ha reconocido que escanea los vídeos que publican los usuarios para determinar su edad siempre que sospeche que son menores.
En cualquier caso, el hecho de que las plataformas introduzcan formatos de verificación de edad más o menos efectivos no implica que los menores no puedan acceder fácilmente a contenidos inadecuados en ellas; unas facilidades que también encuentran cuando navegan por internet fuera de estas plataformas.
Por este motivo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desarrollado en estos últimos meses en un nuevo método para impedir el acceso de menores de edad a contenidos inadecuados, entre ellos, las apuestas y la pornografía.
Este sistema, actualmente en desarrollo, no busca que los proveedores de contenidos o terceros conozcan que la persona que está accediendo a ellos es menor, sino que quien lo haga tiene autoridad para hacerlo y, por ende, es un adulto. De esta forma, aseguran, se conjuga la protección de la infancia con el derecho a la protección de datos de los ciudadanos.
A modo de ejemplo, y para mostrar que este tipo de soluciones son posibles en internet, la AEPD ha compartido una serie de demostraciones: el uso de una 'app' móvil de verificación de edad para acceder a contenidos desde un ordenador o una videoconsola, que filtra por defecto el contenido apra adulto y exige demostrar que se está autorizado para acceder.
PREOCUPACIÓN EN FRANCIA Y REINO UNIDO
Además de España, existe otro país que en los últimos años ha mostrado especial preocupación por el tipo de contenidos a los que acceden los menores de edad, hasta el punto de que el presidente de este país, Emmanuel Macron, impuso el control parental obligatorio para la pornografía en 2019.
Asimismo, a mediados de este año el Gobierno galo propuso cerrar portales pornográficos que permitieran el acceso a menores, tras meses solicitando a este tipo de páginas web la imposición de filtros para evitar el acceso de los menores a la pornografía 'online'.
Estas, por el momento, solo introducen una declaración jurada de mayoría de edad para que los usuarios indiquen si son mayores de edad o no. Si se elige esta opción, la página web lo expulsa de nuevo a la página de resultados de búsqueda.
Actualmente, Francia está probando, con diferentes empresas digitales, un nuevo sistema de verificación de edad que respetará el denominado doble anonimato para restringir el acceso a las webs de contenidos pornográficos.
El hecho de que se respete el principio del doble anonimato significa que, por un lado, el sitio web no podrá acceder a la identidad del usuario y, por otro, que interviene un tercero de confianza capaz de certificar la fecha de nacimiento o la mayoría de edad de una persona.
Para llevar a cabo esa tarea, el Gobierno ha confiado en la autoridad reguladora de la comunicación audiovisual y digital francesa (Arcom), que garantiza la libertad de comunicación y la protección de los usuarios de los servicios de internet.
Este organismo tiene la potestad de ordenar el bloqueo de estos sitios web sin pasar por un procedimiento legal, aunque por el momento no ha logrado cerrar definitivamente ninguno de ellos.
Las propuestas participantes por el momento se apoyan en aplicaciones móviles que solicitan al usuario que se autentique con un tercero para demostrar su mayoría de edad, por ejemplo, con un número de teléfono asociado a una cuenta con una operadora o mediante el registro en una cuenta que posteriormente acreditará la identidad.
Reino Unido, por su parte, aprobó a finales de octubre su Ley de Seguridad en Línea, que exige a las tecnológicas la verificación de la edad de los usuarios para impedir que los menores accedan a la pornografía. Para acceder a las webs pornográficas, además, se exigen documentos oficiales o reconocimiento biométrico.
Con anterioridad, el gobierno británico descartó en 2019, debido a problemas técnicos y de privacidad, una propuesta por la que se instaba a todas las personas que quisieran acceder a páginas de contenido adulto a demostrar que tenían 18 años o más, en favor de la implantación de medidas de seguridad 'online' por parte de las compañías bajo supervisión de un regulador independiente con autoridad para actuar en caso de no cumplimiento.
Ese mismo año, Australia propuso realizar un reconocimiento facial a los usuarios que intentaran acceder a alguna página web pornográfica o de juegos de apuestas para asegurarse de que su mayoría de edad, que se comprobaría contrastándolo con algún documento legal registrado, como el carnet de conducir. Sin embargo, planteaba problemas de privacidad con los datos de los usuarios.
EUROPA CONTINÚA TRABAJANDO
Hace unas semanas, España y otros ocho países europeos acordaron en el Foro de París por la Paz una declaración común para impulsar iniciativas globales dirigidas a reforzar la protección 'online' de los menores. Se trata de una declaración que destaca tanto la normativa de Reino Unido como la Estrategia sobre los Derechos del Niño y la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE).
Esta, además, recoge iniciativas legislativas emprendidas por diferentes países europeos y los Estados miembros de la UE con las que se busca prevenir contenidos relativos a los abusos sexuales en línea, los pornográficos, el ciberacoso y aquellos que conducen a conductas violentas.
Además de suscribir este acuerdo, España se ha adherido al Laboratorio para la protección de los menores en Internet, creado por Francia en 2022, que tiene por objetivo explorar, promover, desarrollar y evaluar soluciones que refuercen la seguridad de los menores en línea.
Al formar parte de este Laboratorio, todos sus miembros -gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas- se comprometen a apoyar el desarrollo de marcos, buenas prácticas de la industria y principios de diseño orientados a la seguridad y privacidad.
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