La UE se reúne este jueves para tratar el futuro de Chat Control 2.0 y frenar el abuso infantil 'online'

Se conoce como Chat Control 2.0 al sistema propuesto por la Comisión Europea y apoyado por algunos países miembros que permite el control generalizado de los chats y las conversaciones de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Messenger, que actualmente implementan E2EE.

A pesar de que la encriptación es una medida de seguridad implementada por la gran mayoría de plataformas de comunicación, muchos países europeos la cuestionan porque consideran que impide llevar a cabo investigaciones delictivas al no facilitar acceso al contenido intercambiado.

El E2EE es un sistema de encriptación que protege el contenido de una comunicación, de manera que solo el emisor y el receptor de un mensaje pueden ver su contenido, impidiendo que terceros o la propia empresa responsable de la aplicación desde la que se envía puedan acceder a él.

A pesar de las ventajas en relación a la protección y seguridad que ofrece la criptografía, países de la Unión Europea la critican porque consideran que puede beneficiar a delincuentes, terroristas o pederastas, ya que este formato dificultas las investigaciones policiales.

Por ese motivo, en Europa se ha propuesto el 'Reglamento por el que se establecen las normas para prevenir y combatir el abuso sexual de menores', conocido como Chat Control 2.0. Se trata de una legislación que permitiría a las autoridades acceder a las conversaciones privadas de los usuarios y con la que los países de la UE pretenden frenar la distribución de material de abuso sexual de niños (CSAM, en inglés).

Actualmente existe una normativa que permite a los proveedores de servicios de comunicación estadounidenses, como Messenger, Skype, Snapchat, iCloud, Gmail o Facebook, escanear los mensajes de forma voluntaria, lo que se conoce como Chat Control 1.0, tal y como recuerda el eurodiputado alemán Patrick Breyer, contrario a esta legislación, en su página web.

España, a favor

Frente a Países Bajos, Alemania, República Checa o Polonia, que están en contra de esta regulación, países como Portugal, Francia, Italia, Suecia, Hungría, Rumanía, Dinamarca, Bélgica, Malta, Eslovaquia, Croacia, Grecia, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Letonia o Lituania se han mostrado a favor respecto a Control Chat 2.0.

España es otro de los países que apoyan esta herramienta, a pesar de que actualmente su Constitución determina lo contrario, tal y como señala el Artículo 18 de la Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. El tercer apartado de éste señala que «se garantiza el secreto de las comunicaciones, y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».

A pesar de que el reglamento propuesto es inconstitucional, España apoya «las posturas más extremas y conservadoras», tal y como apunta la red de especialistas y activistas en defensa de los derechos digitales XNet, que rechaza este modelo y considera que con él «la privacidad está en peligro».

Esto se demuestra con un documento filtrado por Wired en mayo del año pasado, en el que el Ministerio del Interior de España reconoció que «sería deseable impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen cifrado de extremo a extremo».

"Es imperativo que tengamos acceso a los datos« y que »tengamos la capacidad de analizarlos«, sin importar cuál sea su volumen y recomendando que la detección de material dañino »se realice tanto en comunicaciones interpersonales como en contenidos de acceso público«, se indica en este escrito. En la misiva también se reconoce que es necesario »disponer de los recursos técnicos, humanos, de innovación y formación necesarios".

Asimismo, dicha institución mantiene que, según la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, «todas las acciones relacionadas con los niños, ya sean emprendidas por autoridades públicas o en instituciones privadas, el interés superior del niño será una consideración primordial», subrayando así su apoyo a Chat Control 2.0 para eliminar los contenidos CSAM.

Voces discordantes

A pesar de que el Reglamento sobre el abuso sexual infantil ha suscitado críticas a nivel global, de que hay países que no lo aprueban y de que el Parlamento Europeo votó en su contra en octubre del año pasado, las conversaciones entre los responsables de Interior se han mantenido en estos meses. Ahora, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior -dentro del Consejo de la Unión Europea- ha confirmado que retomará este tema este jueves, 12 de diciembre.

En su agenda, el Consejo ha apuntado que se producirá una reunión de ministros de Interior y que la Presidencia tratará de alcanzar «una orientación general» sobre la propuesta legislativa para combatir el abuso sexual infantil, tal y como ha compartido en su página web.

Ante la inminente reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, Austria y Eslovenia han compartido su postura en relación con el reglamento y han señalado que que optarán por la neutralidad, de modo que se abstendrán de votar a favor o en contra de la propuesta.

«En las negociaciones hasta ahora, Austria ha abogado sistemáticamente por que las medidas propuestas se diseñen de acuerdo con los derechos fundamentales», así como «por mantener la confidencialidad de las comunicaciones interpersonales, en particular, el cifrado de extremo a extremo», ha apuntado este país en un documento con fecha de este lunes.

Con ello, ha subrayado que, durante las negociaciones, «ha abogado constantemente por que las medidas propuestas se conciban de forma que respeten los derechos fundamentales» de los usuarios a preservar su privacidad. «Las medidas previstas no deben suponer una vigilancia general de todas las comunicaciones interpersonales, por lo tanto, es necesario seguir trabajando en la orden de detección», ha considerado.

Eslovenia, por su parte, ha dicho que, aunque «reconoce la necesidad de luchar contra el abuso sexual infantil tanto en línea como fuera de ella» y de apreciiar los esfuerzos realizados por las Presidencias española, checa, sueca y húngara para alcanzar un acuerdo, considera que el texto propuesto «aún no logra el equilibrio adecuado entre la eficacia del reglamento propuesto, la garantía de proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales».

Con ello, reconoce que su principal preocupación desde el inicio de las deliberaciones tiene que ver con las disposiciones «que introducen una orden de detección» y que permitirían a las autoridades interferir en las comunicaciones de los usuarios.

Así, de acuerdo con su Constitución, este país ha apuntado que «la privacidad solo puede suspenderse por un tiempo limitado sobre la base de una orden judicial cuando sea necesario para la incoación o el desarrollo de un proceso penal, así como por razones de seguridad nacional». Por este motivo, también se abstendrá en la votación de este jueves.