Los familiares de la tripulación del Alakrana manifestaron ayer su desesperación y descontento por la situación en la que se encuentra el pesquero español, secuestrado por una banda de piratas somalíes desde hace treinta y siete días. En las últimas horas la tensión ha aumentado al exigir los captores la liberación de los dos compañeros detenidos por la Armada y deportados a España por orden de la Audiencia Nacional. El Gobierno, por su parte, asegura que los tripulantes de la embarcación se encuentran bien, y que los tres marinos que habían sido llevados a tierra con una intención incierta han vuelto a embarcar en el atunero vasco.
Desde el primer momento se podía adivinar que la detención y entrega a la Audiencia Nacional de los dos piratas detenidos iba a suponer un inconveniente añadido para la solución del secuestro, toda vez que introducía la instancia judicial en este complicado tablero y ésta se debe a sus propios códigos, no siempre compatibles con la oportunidad política. El Partido Popular, por su parte, ha detectado en este caso una nueva oportunidad para debilitar al Gobierno y no está dudando en aumentar su presión ante la opinión pública, una actitud que denuncian los propios familiares y que la vicepresidenta Fernández de la Vega no duda en calificar, y con razón, de desleal.
La única prioridad en estos momentos para el Gobierno debe ser la liberación, sanos y salvos, de los tripulantes del Alakrana. Cualquier otra disputa, política o técnica, debe quedar aplazada hasta el regreso de los secuestrados, una advertencia que han tenido que hacer sus angustiados familiares. Ahora es el momento de arrimar el hombro para resolver cuanto antes esta crisis. Después ya se analizará.
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