Editorial19/04/22 7:35
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Baleares recibe este año 2.200 euros por habitante en el sistema de financiación, cuando la media española es de 2.317 euros. No incluye el País Vasco y Navarra, que disfrutan de un régimen diferente al resto de territorios ya que se autofinancian. Las Islas hemos vuelto a quedar por debajo de la media en financiación autonómica, lo que evidencia la necesidad y la urgencia de revisar unos criterios que perjudican al Archipiélago. Pero esta cuestión no constituye una prioridad ni aparece en la agenda del Gobierno, a pesar de que el Ministerio de Hacienda entregó a las comunidades en diciembre la propuesta de un nuevo modelo de financiación sobre el criterio de la población ajustada. Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del 2022 y antes de que las comunidades remitiesen sus alegaciones a la ministra María Jesús Montero, ya se empezó a apuntar que acabará la legislatura sin la reforma de la financiación. Ahora se confirma por la dificultad de cerrar el acuerdo, la salida de la pandemia y la invasión de Ucrania.

Un nuevo sistema que perjudica más.

La presidenta Armengol anunció la presentación de una alternativa basada en el federalismo fiscal, la inclusión de la población flotante, el principio de ordinalidad y que el mar compute como superficie de Baleares. Al mismo tiempo, el PP, Més y el PI alertaron de que la propuesta de Hacienda perjudica más a Baleares que el actual sistema y emplazaron al Govern a establecer alianzas con otras comunidades con intereses similares, como Madrid y Murcia.

Exigir las medidas fiscales del REB.

Este nuevo retraso en la revisión del sistema de financiación constituye una mala noticia para Baleares, que ha aportado al fondo de solidaridad 3.000 millones durante la última década. Siguen pendientes de aplicación los beneficios fiscales incluidos en el Régimen Especial aprobado en febrero de 2019. El aplazamiento de la nueva financiación exige reclamar al Gobierno el desarrollo de las medidas fiscales del REB.