El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament catalán y líder de Junts, Laura Borràs, a cuatro años, seis meses y un día de prisión, multa de 36.080 euros y 13 años y un día de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos electos así como funciones de gobierno por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. Es un severo fallo por el fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo informático, Isaías Herrero, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Pero Borràs rechaza renunciar al escaño y pide la restitución de sus derechos y deberes como diputada para cerrar la provisionalidad en la que está inmerso el Parlament.
Enroque envuelta en el acta de diputada.
El enrocamiento de Borràs, envuelta en su acta de parlamentaria autonómica, se produce después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya reclamado poner fin a la etapa de interinidad en la Presidencia del Parlament tras hacerse pública la sentencia dictada por el TSJC. Al mismo tiempo, el presidente Pedro Sánchez ha calificado los hechos juzgados de «caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos» y descarta el indulto, medida de gracia que desdeña Borràs, que se proclama inocente.
No son delitos políticos.
La dirigente de Junts ha sido condenada por falsedad y prevaricación. O sea, por delitos contra la Administración; no son delitos políticos. Y aunque el tribunal propone al Gobierno que se le conceda un indulto que rebaje la pena a dos años para evitar la entrada en la cárcel, la sentencia tiene repercusiones políticas inmediatas, que implican el cese de Borràs como diputada y, por tanto, como presidenta de la cámara. Será la Junta Electoral la que decidirá su cese, que ya le están pidiendo las formaciones políticas catalanas y también varios miembros de Junts.
