Editorial17/05/23 0:29
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Una sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma concluye con la absolución de una pareja que okupó un piso del IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda) en 2017, acción que puso en conocimiento del organismo público de manera inmediata pero que éste no denunció hasta transcurridos cuatro años. La jueza pone especial énfasis en la pasividad del IBAVI para atender la petición de una vivienda en un caso claro de necesidad, además de la dilación en la tramitación de la invasión del inmueble. Lo ocurrido es una prueba de las enormes deficiencias que todavía perviven en la gestión del patrimonio público, pieza clave para poder resolver el grave problema de la okupación.

Alarma social.

El asalto de viviendas es, con arreglo a las cifras oficiales, un fenómeno que debería considerarse irrelevante pero genera –y esta es una realidad incontestable– una enorme alarma social. En numerosas ocasiones, la okupación es la pantalla de abusos y comportamientos delictivos frente a los que es preciso reclamar mayor contundencia. Pero también es justo señalar que en determinadas circunstancias es el último recurso para algunas personas que precisan de una vivienda digna en la que refugiarse, en especial cuando los organismos públicos son incapaces de dar una respuesta adecuada. Y así lo señala la sentencia con respecto a la actitud del IBAVI, la respuesta nunca debe ser dar la espalda cuando se reclama ayuda.

Agilizar la respuesta.

El IBAVI, como uno de los organismos ejecutores de la política social del Govern, tiene que habilitar canales que permitan dar una respuesta urgente a los problemas que plantean los ciudadanos. La coordinación de los recursos disponibles es una pieza clave para considerar injustificable la okupación de una vivienda pública, mientras no se logre es probable que lo sucedido en el piso de la calle de Pontivic no tarde en repetirse.