En la madrugada del domingo un nuevo ataque de un pirómano contra contenedores de Palma obligó a desalojar un edificio ante el riesgo de que los moradores se intoxicaran con el humo nocivo que se generó. No fue el único siniestro. Cerca de allí, los incendiarios volvieron a actuar, con una impunidad casi insultante, quemando otros depósitos de basura y un coche. Lo cierto es que, lejos de tratarse de un incidente aislado, la ciudad lleva desde hace cuatro años sufriendo este tipo de actos vandálicos tan peligrosos que, en caso de descontrolarse, pueden tener consecuencias fatales para los vecinos.
La vía policial, insuficiente.
Lo cierto es que la Jefatura de la Policía Nacional ha hecho un esfuerzo titánico para identificar y detener a los pirómanos que acechan en las calles de Palma, y que prácticamente cada fin de semana queman baterías de contenedores, coches y motos. El gran problema es que no se trata de un único delincuente, sino que son perfiles muy distintos y personas que no tienen ninguna relación entre ellas. Muchas ya han sido arrestadas y algunas han ingresado en prisión, pero la contundencia policial debe estar acompañada de una dureza judicial. Si muchos sospechosos quedan reiteradamente en libertad se puede enviar un mensaje de debilidad ante este tipo de lacras.
Daños económicos y muchos riesgos.
Desde 2019, cuando surgió a gran escala este lamentable fenómeno, han ardido más de un millar de contenedores de Emaya, con el consiguiente gasto que esto conlleva para las arcas municipales. También han resultado calcinados cientos de ciclomotores, coches y motos, lo que supone un duro revés para los propietarios, sobre todo si no tienen un seguro que cubra los gastos. Con todo, el principal riesgo estriba en que estos incendios junto a edificios habitados pueden propagarse y dejar atrapadas a familias enteras, entre las llamas y la humareda. Y entonces ya será tarde para reaccionar.
