El ritual de la apertura del año judicial reflejó el eterno problema de la justicia en España, agravado por algunas circunstancias en Baleares: la falta de medios. El presidente del Tribunal Superior, Carlos Gómez, recurrió al relato del juez que plantó cara al rey de Prusia. «Hay jueces en Berlín» y también los hay en Balears. El problema surge cuando responden con tal lentitud a los ciudadanos que estos se ven decepcionados, frustrados e incapaces de ejercer sus derechos.
Erosión democrática.
Gómez añadió, con acierto, que la erosión del poder público que garantiza los derechos de los ciudadanos daña a la propia democracia. Hay otro ejemplo clásico al abordar el problema: basta comparar los medios de la Agencia Tributaria con los de los tribunales. A los problemas nacionales, Baleares suma otros que derivan de la insularidad y, sobre todo, de la falta de funcionarios y sedes judiciales suficientes, fundamentalmente en Palma. Es prioritario que el próximo Gobierno nacional implante un plus de insularidad suficiente para todos los funcionarios que dependen del Estado. Policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones o de los juzgados, huyen en cuanto pueden de las Islas y perjudican el funcionamiento de estos servicios.
Puntos negros.
A la falta de funcionarios se suman una serie de puntos negros en la Justicia. Ahora mismo, el principal son los juzgados de lo Contencioso, precisamente en los que los ciudadanos pueden discutir decisiones de las administraciones. Tres años de espera para celebrar un juicio suponen una anomalía lamentable y escandalosa, y no puede permitirse. En las Islas, según el TSJIB, serían necesarios 27 jueces más. El problema es dónde meterlos. El tercer juzgado de Violencia de Género en Palma ha tardado dos años en abrir por falta de espacio. La construcción de un nuevo edificio debe ser prioritaria y, para eso, se necesita dinero.
