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El veto de Junts a los tres reales decretos que el Gobierno quiere convalidar mañana en el Congreso –de los que dependen la continuidad de las medidas anticrisis y la llegada de 10.000 millones de los fondos Next Generation de la UE– impide, ‘de facto', su aprobación. El portavoz de esta formación política, Josep Rius, denuncia que «agravan la infrafinanciación que ya sufre Catalunya, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía». Junts subrayó que no existe un pacto de legislatura, sino que hubo un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Las exigencias del partido de Puigdemont complican e impiden a PSOE y Sumar llevar cabo las medidas anunciadas y las acciones proyectadas. De ahí, ante la pretensión de Junts para que los tres reales decretos sean retirados y presentados de nuevo tras haber sido negociados con la formación independentista, el Gobierno se abra a tramitarlos como proyectos de ley para incorporar cambios de Junts y PP.

Gratuidad del transporte público.

La negativa de Junts a convalidar estos decretos afecta directamente a Balears porque garantizan la gratuidad del transporte público en las Islas. En este escenario, PSIB-PSOE y Més per Mallorca piden a los diputados del PP que voten a favor para ‘salvar' el transporte público. Marc Pons les reclama «un acto de compromiso con España y con Balears» al mismo tiempo que recuerda incluye otras medidas como la bajada del IVA y el aumento de las pensiones. En esta misma línea se expresa el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal.

Negociar, ceder y pactar.

Quedan pocas horas para que se vote la convalidación de los decretos. Todo apunta a que el Gobierno, consciente de su situación de minoría, tendrá que negociar y ceder. De hecho, ya estudia las condiciones reclamadas tanto por el PP como de Junts. La política implica diálogo y pacto. Falta concretar el alcance y el contenido del acuerdo, que se alcanzará.