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Las turbulencias provocadas por la crisis que ha dinamitado Vox en Balears incrementaron este martes la incertidumbre sobre las instituciones de las Islas. En un escenario de reproches, descalificaciones y amenazas, cuya salida no se vislumbra, la presidenta del partido de Abascal en el Archipiélago, Patricia de las Heras, dio una nueva vuelta de tuerca e incrementó la presión sobre el PP al advertir a la presidenta del Govern que «habrá c0nsecuencias» si pacta con los cinco diputados rebeldes, expulsados de la formación tras dar de baja del grupo parlamentario al aún presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, y a la propia De las Heras. La dirección de Vox exige a la presidenta Marga Prohens que se desvincule de estos cinco diputados, a los que califica de «traidores»; que no se apoye en ellos para gobernar y que mantenga a Le Senne en la presidencia del Parlament. «Apoyarse en tránsfugas no nos parece una actuación ética», afirmó ayer Le Senne.

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Una situación endiablada.

Esta endiablada situación, que se complica cada vez más para un PP que cuenta con 25 de los 59 diputados autonómicos, atrapa y sitúa a Prohens en un escenario comprometido. Necesita el voto de los cinco diputados que han sido expulsados de Vox para obtener la mayoría que le permita aprobar leyes y garantizar la estabilidad del Ejecutivo. La aritmética parlamentaria no facilita otras opciones. Siempre le faltará un diputado. Pero si se alía con los rebeldes, la crisis podría extenderse a otras instituciones.

«Habrá consecuencias».

El «habrá consecuencias» pronunciado por Patricia de las Heras resonó anoche con estrépito en la sede del PP balear. Fue una amenaza en toda regla; también por los imprevisibles efectos en la política española. Prohens y Núñez Feijóo han de actuar con prudencia, aunque también existe una realidad indiscutible: el problema es de Vox.