EditorialPalma15/06/24 0:30
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La Policía Local de Palma planea cerrar a cal y canto Son Banya como respuesta por las últimas provocaciones de los narcotraficantes, que han echado un pulso a las autoridades y llevan semanas fortificando el poblado, para evitar que policías y guardias civiles lo puedan asaltar con facilidad. El desafío de los narcos es inaceptable, pero bloquear por completo aquel gueto de Palma es una tarea, cuanto menos, compleja y que además plantea dudas sobre su legalidad. Desde siempre, los responsables policiales han considerado una «ventaja» que todos los puntos de venta están concentrados en un espacio tan pequeño, porque su control es mucho más sencillo. Además, se puede fiscalizar la entrada delincuentes, muchos de los cuales acuden al poblado tras cometer un atraco o robo, en busca de sus dosis de droga. Si finalmente se paraliza la actividad en el conocido como ‘supermercado de la droga’ de Mallorca, se corre el riesgo de que los vendedores se repartan por algunas barriadas de Palma, con todo lo que ello conlleva.

Un drama social.

Lo que está claro, a esta alturas, es que la erradicación del poblado no se podrá conseguir solo con un despliegue policial día y noche, que además es insostenible porque Ciutat está falto de dotaciones policiales y destinar tantos recursos a un solo punto sería imposible, desde el punto de vista logístico. El enfoque solo policial, pues, es un error y el asunto debe abordarse también desde una perspectiva social, dando una alternativa a tantas familias afectadas.

El desmantelamiento.

Es evidente, en definitiva, que las chabolas ilegales de Son Banya deben ser demolidas de forma progresiva, porque son utilizadas para el narcotráfico, pero también debe ser una prioridad velar por los menores que malviven en aquellas precarias edificaciones, entre los restos de coches calcinados, basura y ratas.