La visita del juez Juan Carlos Peinado a Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en el seno de la investigación penal a la mujer de esta, Begoña Gómez, terminó con el presidente acogiéndose a la dispensa para no declarar sobre un familiar directo, una querella contra el magistrado y un fenomal barullo que perjudica a dos de los tres poderes del estado: el Ejecutivo y el Judicial, sumidos en un espectáculo político lamentable.
Diligencia inútil.
El magistrado se plantó en Moncloa para practicar un diligencia que se antojaba, desde el primer momento como inútil. Si lo que investiga es si Begoña Gómez ha aprovechado a su marido como palanca para influir en funcionarios públicos, cualquier pregunta a Sánchez como testigo que pudiera incriminarle a él sería nula. En segundo lugar: si se reunió con algún empresario o cargo universitario en Moncloa, lo hizo en la sede de la Presidencia de Gobierno, por lo que, de declarar debiera haberlo hecho por escrito. En tercer lugar: la posiblidad de usar la dispensa era obvia tras la negativa a declarar de Gómez como investigada. Por lo tanto, se auguraba que es trataba de una diligencia inútil: una inmensa pérdida de tiempo.
Reacción de Moncloa.
A la astracanada del juez, el Gobierno ha reaccionado interponiendo, a través de la Abogacía del Estado, una querella por prevaricación contra Peinado. Se suma a las declaraciones del Ejecutivo contra la actuación del juez, de una virulencia notable. Al igual que la actuación del magistrado busca un efecto mediático y político impropio, la querella persigue lo mismo. Idéntico efecto lo habría conseguido Sánchez interponiendo la denuncia por sus medios personales, sin la intervención de un organismo estatal. En medio de todo ese ruido, la investigación penal queda viciada y la credibilidad de dos poderes del Estado, dañada.
