Los desmanes del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán en la instrucción del ‘caso Cursach’, al margen de erosionar y dañar la imagen de la Justicia, han adquirido una nueva dimensión. El Ajuntament de Palma, como no podía ser de otra manera, ha decidido mover pieza y reclamará al Ministerio de Justicia algo más de seis millones de euros por daños y perjuicios. Esta cantidad se extrae de la suma de los gastos acarreados por las defensas jurídicas (3,7 millones) y las retribuciones a los funcionarios que fueron suspendidos de empleo y sueldo, que alcanzan los 2 millones de euros.
Nueve años de cárcel.
Cabe recordar que tanto Penalva como Subirán fueron condenados por el TSJIB a nueve años de cárcel. El tribunal, en una sentencia que se hizo pública en noviembre del año pasado, consideró demostrado que el juez y el fiscal cometieron tres delitos de obstrucción a la Justicia al presionar a dos funcionarios municipales y al empresario Antoni Roig, con el agravante de prevalerse de su autoridad. También les impuso penas de inhabilitación por omisión del deber de perseguir revelaciones de secretos. Asimismo fueron condenados por coacciones contra Álvaro Gijón, entonces diputado del Partido Popular.
La Fiscalía del Supremo.
En abril, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió que se ampliara la condena a Penalva y a Subirán más allá de los nueve años que les impuso a cada uno. El Ministerio Público formalizó su recurso ante el Alto Tribunal y en él reclamaba que se aplique el delito de detención ilegal el arresto de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, lo que se traduciría en 15 años más de prisión. Entre todo este maremágnum judicial, Cort también ha dado un paso al frente y exige una primera indemnización millonaria que, en todo caso, difícilmente podrá reparar el daño que provocó su actuación.
