Editorial18/09/24 0:30
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El Parlament acordó ayer, por unanimidad, tramitar una proposición no de ley para combatir las fiestas y las molestias que ocasionan las viviendas comercializadas como alquiler turístico y los pisos vacacionales. De prosperar, tal como ha sido presentada por Més per Menorca, se introducirán cambios en la Ley de Actividades con sanciones de 15.000 a 30.000 euros para las actividades lúdicas y comportamientos entre las 23 y las 8 horas que impidan el descanso de los vecinos por el alquiler turístico. También se abre la puerta a retirar las licencias en las viviendas que incurran en estos incumplimientos. Sorprende que el Parlament tome en consideración, debata, tramite y apruebe una ley de esta naturaleza, cuando se debe exigir y aplicar las ordenanzas municipales que ya regulan las actividades molestas para los vecinos. Que el Parlament dedique su tiempo y esfuerzos a esta iniciativa legislativa pone de manifiesto la ineficacia de las administraciones, porque también corresponde a los consells insulars aumentar las tareas de inspección y vigilancia con más celadores.

Más recursos y más agilidad.   

En lugar de aumentar el corpus legislativo de Balears, se necesitan más recursos, más medios, más rapidez en la detección de las irregularidades y más agilidad en la imposición y cobro de las sanciones. Para ello no son necesarias nuevas leyes del Parlament. Y si, como dice el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, el objetivo es «desincentivar la llegada de ciertos turistas», las soluciones están en vigor.

Efectividad y capacidad ejecutiva.   

Ayuntamientos y consells, con el apoyo del Govern, han de actuar con mayor efectividad e incrementar su capacidad ejecutiva. ¿Qué sentido tiene aprobar normas y ordenanzas que después, por negligencia o desinterés, no se aplican? Añadir otra ley poco resultado dará si no existe voluntad, diligencia y preocupación para cumplir y exigir las que están aprobadas.