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Un anestesista del hospital de Manacor ha sido condenado por la muerte de una mujer durante un parto, ocurrido el 20 de agosto de 2015. Un juzgado de lo Penal de Palma ha fijado una multa de 1.200 euros al profesional, por un delito de homicidio imprudente. En todo caso, hay que explicar por qué el médico ha logrado esquivar la prisión y, sobre todo, el motivo por el cual el juzgado ha dictado una indemnización tan baja. El sanitario, de nacionalidad alemana, se declaró culpable y se comprometió a indemnizar al marido de la víctima y a sus tres hijos menores con 258.055 euros. Ese acuerdo extrajudicial es el que ha provocado que en la sentencia no se contemple el ingreso en prisión del acusado y que la sanción económica sea simbólica. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente en su escrito de conclusiones provisionales tres años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación para ejercer la profesión al facultativo.

Cesárea de riesgo.

En la sentencia se relata que la mujer fue sometida a una cesárea catalogada de riesgo, debido a que padecía una anemia ferropénica que ponía en riesgo su vida. Además, era la tercera que le practicaban. El escrito judicial recoge que el sanitario «al no actuar con la debida diligencia que exigían las circunstancias» provocó que la paciente falleciera después de perder una importante cantidad de sangre. El médico, de hecho, reconoció que fue un error realizar la cirugía a la parturienta.

Casi diez años.

Lo que llama poderosamente la atención de este asunto, con todo, es que la sentencia ha llegado casi diez años después de que se produjeran los hechos. No es normal que la Justicia tarde cerca de una década en dictar sus conclusiones en una caso en el que, inicialmente, estaba todo muy claro. Es un indicio, sin duda, de la sobrecarga de la mayoría de juzgados de la Isla, que cada día tienen menos funcionarios y más asuntos que dirimir.