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Todos los políticos mienten en alguna ocasión, los hay que lo hacen a menudo e incluso existe uno, Pedro Sánchez, que no dice verdad excepto cuando se equivoca. Pero eso no quiere decir que creen bulos. Según la RAE un bulo es “noticia falsa propalada con algún fin”. Mientras que la mentira es “expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente” o, en segunda acepción, “cosa que no es verdad”. Existe, pues, un matiz importante entre los significados de ambas palabras. El bulo requiere de forma implícita de la voluntad de falsear algo para presentarlo como veraz con intención expresa de conseguir, más allá de la mera construcción de la mentira, un objetivo ulterior oculto. Los políticos democráticos mienten pero, en general, no fabrican bulos.

Por otro lado, de entre los bulos que hoy pululan por las redes sociales los hay sobre todo de dos clases. La inmensa mayoría responde a la voluntad de un idiota que se le ocurrió crearlo. A éstos no hay que hacerles caso por mucho que se viralicen. Son inocuos. Su recorrido es corto y sus efectos se limitan, como mucho, a los ingenuos que pudieran leerlo y creérselo. Sin más. Pero hay otros que son en verdad peligrosos. Y no sólo porque engañen a los que los leen y se los creen sino sobre todo lo son para el conjunto social o, mejor dicho y peor todavía, para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

Estos últimos son los bulos que son “propalados con algún fin” que responde al interés oculto de una organización. Sea ésta política, institucional, económica, religiosa o de cualquier otra naturaleza. Hoy en día este tipo de bulos son parte de la permanente y soterrada guerra de propaganda que existe en las redes. Hace poco, el 19 de marzo, un portavoz del comisionado de Exteriores de la Unión Europea señalaba al Kremlin como responsable último de los bulos que en relación al coronavirus se estaban expandiendo por redes sociales con el objetivo de minar la credibilidad de todos los europeos en general respecto de la Unión así como de los nacionales de cada país en relación a sus gobiernos. No era ninguna equivocación ni exageración. La UE ha creado una comisión de seguimiento de bulos, de la que informa en una web, para desmentirlos. No sólo es Rusia la que está tras esa estrategia de erosión de las democracias occidentales. También existen webs de ultraderecha y de ultraizquierda que se dedican a los mismo, cada cual según sus intereses. 

Cuando se conoció que la Guardia Civil había sido encargada por el Gobierno de Pedro Sánchez de hacer el seguimiento de los creadores de bulos que mediante el ataque al Gobierno atenten contra el interés del Estado español en plena pandemia de coronavirus se armó la Marimorena. Y no es extraño. Porque Sánchez ha convertido en un prodigio de transparencia al “plasma” Mariano Rajoy y, además, tiene de vicepresidente a un comunista que, al igual que los fascistas, por definición ideológica no cree en la libertad de expresión, ni en ninguna otra de las que él llamaría, despectivamente, “liberales” y que son la esencia de toda democracia. De hecho es imposible ésta sin aquéllas. Sumado esto a la deplorable estrategia de comunicación del Ejecutivo, es comprensible, pues, que al conocerse la misión encargada al instituto armado se levantaran tantas y tantas críticas. 

Bien está que se critique por falta de transparencia al Gobierno del PSOE matrimoniado con la izquierda radical, uno de los más opacos que ha tenido España, pero no confundamos esto con la imprescindible necesidad de que el Estado se defienda -como lo hacen todos los demás democráticos– ante los propaladores organizados de bulos cuyo fin es atacar a nuestro Estado, o sea a nuestra democracia. Que los hay. Y muchos. 

Y contra este tipo de agresores a nuestro sistema tienen que actuar los servicios de inteligencia y policía. Claro que sí. Esto no se trata de libertad de expresión sino de imprescindible defensa de la democracia. Es verdad que es muy difícil perseguir legalmente a los creadores de estos bulos pero al menos sí se les puede contrarrestar identificándolos y dejándolos en evidencia pública. Como hace la UE con Rusia, por ejemplo. Pues de eso se trata. Que lo haga la Guardia Civil, la Policía, el CNI o todos a la vez da igual. Hay que hacerlo. Porque no es ninguna broma. Ellos van a por nuestro sistema democrático.