Marc GonzálezPalma31/12/21 3:59
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Intentar este miércoles hablar con el teléfono InfoCovid del Govern era misión totalmente imposible. La buena voluntad de Armengol no basta, la Administración sanitaria está completamente desbordada. La ómicron desnuda un poco más a Pedro Sánchez y a sus ‘expertos' y nos dibuja el perfil de un embustero incapaz de liderar un país en medio de una explosión pandémica sin precedentes, en la que opta por no asumir el coste de adoptar medidas impopulares para tratar de ralentizar el ritmo de contagios y dejar que se desgasten los demás. Afortunadamente, ha funcionado la estrategia de vacunación gracias al sentido común de los dirigentes autonómicos, pero ello no está impidiendo el incremento exponencial de casos positivos, en general de una menor gravedad estadística, aunque por desgracia aumentan también los fallecimientos en términos absolutos.
Sánchez se revela como nuestro Johnson particular, un mal actor interpretando un papel cuya única finalidad es repetir actuación. Ya les digo yo que, si no consigue gobernar tras la próximas elecciones, quienes ahora le bailan el agua y le ríen las gracias lo van a triturar políticamente.

Cada final de año nos acarrea sorpresas legales. La contrarreforma laboral que nos pretenden endosar es, de momento, una hija bastarda que ningún grupo político de la mayoría parlamentaria de izquierdas y, por supuesto, de la derecha, quiere reconocer como propia, salvo los partidos del Gobierno, y con matices. Añadir rigidez a un sistema que, hasta la fecha, no ha conseguido jamás sacarnos del liderazgo europeo en cifras de desempleo –materia en la que destacamos en solitario–, es una estupidez. Los compromisos populistas tienen eso, que aunque solo se cumplan parcialmente suponen un porvenir ruinoso. Se maquillarán las cifras de temporalidad contractual ante los burócratas europeos, pero poco más. El resto, alpiste para los sindicatos, que en realidad son un ministerio más de los gobiernos de izquierdas, corresponsables desde hace cuarenta años de los intolerables índices de paro que asolan las esperanzas de emancipación de nuestra juventud.

Nuestro TSJ rectifica una vez más al Pacte y le atribuye el dudoso honor de haber discriminado durante años a muchas familias de alumnos de la Educación Infantil 0-3 –que no es gratuita–, privándolas injusta e ilegalmente de las ayudas a las que hubieran tenido derecho de acuerdo con su situación económica, solo por el hecho de que los centros educativos en los que estaban escolarizados esos menores no querían pasar por el aro del Govern y perder su autonomía. Las perjudicadas han sido, obviamente, las familias más desfavorecidas. Todo muy social y muy progre. Ahora, el TSJ declara nulo en ese aspecto el Decreto que regulaba esas ayudas, obligando a la Conselleria d'Educació a extenderlas a la totalidad de familias en situación de vulnerabilidad, vayan al centro que vayan.
Nuestra justicia es lenta, pero normalmente acaba poniendo las cosas en su sitio.

Esperemos que Martí March haya captado el mensaje y corrija a los responsables del desaguisado, para los que no existen otros alumnos que los de la pública. La enseñanza privada y concertada existe, y las familias tienen derecho a escogerla sin perder derechos. A ver si ahora lo entienden.