Desde la semana pasada, trabajar en un supermercado de Mallorca te autoriza a controlar la cantidad de las compras de los clientes. Un Real Decreto establece que los locales comerciales -especialmente los destinados a la alimentación- puedan limitar de manera temporal el número de artículos a un comprador. La decisión pretende evitar el desabastecimiento y el acopio material en beneficio de unos pocos. Al parecer, el Real Decreto quiere dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Te habrás fijado que para los políticos ahora todo es consecuencia de la guerra en Ucrania.
Tengo la impresión de que nos encontramos ante una de las propuestas más ingenuas que se han aprobado en las últimas décadas. Nada hay más sencillo que transgredir el control de cantidad -que no de calidad- en un proceso comercial. La pandemia ha demostrado que si alguien quiere comprar una tonelada de papel higiénico, lo único que necesita es tener un lugar para almacenarlo. Algo parecido sucedió el mes pasado con el aceite de girasol. Para estas cosas, el ingenio humano no tiene límites. En cualquier estado democrático, la cantidad de una compra está determinada por la capacidad de afrontar el pago. Una capacidad que deriva del derecho de los consumidores a adquirir lo que está a la venta y del deber de poder pagarlo.
Lo que me parece peligroso es el armamento legal que imprime el nuevo Decreto, por muy Real que sea. Un Decreto que otorga, a quien trabaja como dependiente en un negocio, la categoría de fiduciario para la que solo tiene autoridad un juez. Supongo que desde esta semana, los trabajadores de los supermercados y centros de alimentación, van a cobrar un suplemento económico por asumir la tarea de ser garantes del proceso mercantil. Un plus que no estaba incluido en la subida del salario mínimo interprofesional.
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