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Pactar la política exterior española con el objetivo de que esta política pública sea una política de Estado es algo que dirigentes políticos de todo espectro han valorado como una necesidad. Cuanto menos ha sido así por parte de las dos principales fuerzas políticas mayoritarias. Así lo hemos defendido en la práctica la mayoría de quienes hemos tenido el honor de representar a nuestro país en delegaciones internacionales y así lo planteo el propio Feijóo en su discurso de proclamación como presidente del Partido Popular.

Esta necesidad de ir juntos es más imperativa, si cabe, en las decisiones que afectan a la política comunitaria, aunque algunos parecen ignorarlo anteponiendo otros intereses a los que realmente importan a nuestro país.

La presidencia del Consejo de la UE, que España asumirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, es de una importancia capital y un evento político de primer nivel. Los diferentes Estados miembros de la UE asumen la presidencia por turnos de seis meses, desde el año 1958, y durante el semestre que les corresponde presiden las sesiones del Consejo de la UE con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo de la UE en esta institución.

Si se trata de una cuestión de Estado, la convocatoria de unas elecciones, no debería afectar la responsabilidad institucional, ni provocar alteración alguna sobre la agenda prevista.

No es la primera vez que se da esta coincidencia, sucedió en Francia en el 2022, cuando revalidó su mandato Macron frente a Le Pen, en Polonia en el 2011, en la República Checa, en el 2009, hubo cambio de gobierno a raíz de una moción de censura, y el pasado otoño las legislativas en Suecia, fueron justo antes del inicio de la presidencia que ahora concluye.

Sorprende, pues, la solicitud presentada por el presidente del Partido Popular Europeo de aplazar la comparecencia del presidente del gobierno de España ante el Parlamento Europeo, prevista para el 13 de julio, para informar de las prioridades de nuestra presidencia. Ante los argumentos esgrimidos sobre la legitimidad del proceso y a la capacidad para cumplir con las prioridades entiendo que el presidente Sánchez evite el ponerse en el ojo del huracán de las críticas a escasos días de las elecciones.

Se fijaron hace meses las prioridades de la presidencia española: recuperación económica, seguridad energética y autonomía estratégica. También el refuerzo de las relaciones entre la UE y América Latina, impulsando una cumbre de los líderes de ambas regiones que se celebrará en julio en Bruselas. Una agenda importante asumible para cualquier gobierno europeísta y democrático, que no debería correr peligro por las elecciones generales.