La nueva autarquía económica

L os programas económicos de las derechas basculan entre la inconcreción y una especificidad lesiva para los intereses del país. Las apuestas económicas son inconcretas desde el momento en que se envuelven en soflamas pretendidamente novedosas (la bajada de los impuestos) y, a la vez, abstractas (la libertad), sin más recorrido que una retórica vacía de contenido: sin cálculo económico. Pero son inquietantes, esas propuestas, cuando aterrizan en algunos ámbitos: se han expuesto las intenciones de derogar todo un racimo de importantes leyes con afectación económica y social, por el hecho esencial de haber sido aprobadas durante la legislatura del gobierno de coalición progresista. Así, se sigue abogando por retocar –ahora ya no se subraya una derogación total– la reforma laboral, un instrumento que está proporcionando los mejores datos en los mercados de trabajo (en forma de reducción de la tasa de paro y un notable incremento de la ocupación y afiliación a la Seguridad Social). Se condiciona el tema de las pensiones, que ha supuesto la subida de las mismas en función del IPC –un 8,5 %; en contraste con el raquítico 0,25% de la época del presidente Rajoy–. No se sabe qué se piensa hacer con el SMI, ni con el IMV, palancas que han mejorado la capacidad adquisitiva de un amplio espectro de la población. Se apuesta por cesar el tope ibérico y apostar por las centrales nucleares –cuando la mayor parte de Europa las van cerrando; el caso francés es una excepción, y requeriría otro artículo–, cuando ese tope ha significado un ahorro del orden del 18 % en las facturas de los consumidores, según expertos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En otras palabras: la demolición de esta última medida conformaría el encarecimiento de la factura de la luz y del gas para los hogares españoles.