Julián DelgadoPalma22/08/23 0:29
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Hace unos días fue detenido por la Guardia Civil un exbombero por haber provocado, al menos, cinco o seis incendios entre Selva y Caimari. La alarma social se disparó por lo que tiene el hecho de sorprendente: el encargado de luchar contra el fuego es sorprendido incendiando el bosque. En el 2000 nos escandalizó la noticia de que el médico británico que fue llamado doctor Muerte había mandado a la tumba por su cuenta a 218 de sus pacientes, cuyos parientes los internaban en su hospital con la lógica pretensión de que fueran curados. No hay nada más infame que quien tiene la obligación legal de protegerte, sea el que te aseste el rejón de muerte.

Como el bombero de Selva y el doctor Muerte, Sánchez, que ha prometido por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma general del Estado, lleva cinco años aflojándole a aquella los tornillos, erosionando sus instituciones básicas, como la Corona y la Justicia, dejando herido de gravedad el Estado de derecho. Ahora se dispone a formar un nuevo Gobierno Frankenstein con el que intentará rematar su obra porque no hay ningún Estado de derecho que sea capaz de resistir incólume cuando quien maneja la piqueta es aquél que está obligado a defenderlo. A la larga, no hay norma que resista la decisión política de superarla.

El bombero actuaba impelido, quizá, por una patología pirómana; el doctor Muerte, a causa de su psicopatía, pero Sánchez lo hace por ambición de poder. Es capaz de desmontar el Estado con tal de lograr los votos de golpistas y filoetarras que le permitan la investidura. Y eso lleva consigo ceder al indecoroso chantaje que le exige, en primer lugar, conceder una amnistía que alcance incluso a delitos comunes, de todos aquellos que intervinieron de una u otra forma en el golpe del 17. Esto es lo más sustancial de la primera lista de exigencias, la que ya le permite presidir la mesa del Parlamento. Ahora vendrá lo aún más grave: el referéndum de autodeterminación, que le valdrá la investidura. Para que las leyes que permitan este descomedimiento lleguen al BOE, cuenta con la ferviente colaboración de Conde Pumpido, que lleva años preparando papeles para meter a los españoles el gato por la liebre, con el respaldo moral de los ocho millones de votos que obtuvo en las urnas y, naturalmente, con los votos de los beneficiados chantajistas.

Cuesta aceptar que un forajido como Puigdemont, el xenófobo de extrema derecha huido a Bélgica, perseguido por la Justicia por delito tan grave como el de sedición, obligue al presidente del Gobierno a forzar el ordenamiento jurídico, desautorizar a sus tribunales y a la policía y considerarlos instrumentos de un Estado represor que actuó contra personas que ejercían sus legítimos derechos en defensa de la democracia. Por tanto, no debe quedar rastro de su vejamen. Aquellos delitos no existieron y el Estado cometió abuso de poder. El Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo y por las vías legales necesarias. (Nota del PSOE). Esta humillación del Estado de derecho, que convierte un golpe de estado decimonónico en un acto heroico, la vende hoy la Moncloa como la forma de cerrar definitivamente las heridas de 2017 e intentar incorporar también a la vida política a Junts y a su líder, el hijo pródigo Puigdemont. Es como si después del 23-F y, tras haber disfrutado unos años viviendo a cuerpo de rey en un palacio de la Riviera italiana a costa del presupuesto del Estado, Felipe González hubiera nombrado a Tejero director general de la Guardia Civil para que un partido de extrema derecha que este dirigía, le prestara sus votos para la investidura.

Mientras los palmeros jalean a su líder y los chantajistas se frotan las manos, muchos españoles vivimos con tristeza e impotencia esta deriva sin límites de Pedro Sánchez, que solo con la petición a Junts de su apoyo muestra su disposición a avanzar por el camino que desde Waterloo le imponen.