Teresa RieraPalma23/08/23 0:29
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Llevamos semanas centrados legítimamente en la situación política de nuestro país. Tanto en tertulias como en privado, se ha venido especulando sobre soluciones posibles a los desafíos derivados de los resultados del 23-J. Analistas y particulares interesados pretendemos resolver las incertidumbres y adelantarnos a unos hechos que, en cualquier caso, tienen sus plazos y fechas límite. Mientras tanto, millones de personas en nuestro planeta viven una incertidumbre, sin fecha límite, en la que les va la vida: la de no saber si podrán comer en los próximos meses. La inseguridad alimentaria global ha aumentado tras la retirada de Rusia del acuerdo para que Ucrania pudiera seguir exportando grano a pesar de la guerra. Fue pocos días antes del 23-J, cuando Rusia anunció su decisión de poner fin a la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro, el pacto alcanzado con Turquía, Ucrania y la ONU, un año antes, que había permitido crear un corredor humanitario marítimo de Ucrania a Turquía por el que habían circulado, de manera segura, más de 32 millones de toneladas de productos alimentarios. En 2022, más de la mitad de los cereales comprados por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, unas 725.000 toneladas, vinieron de Ucrania, aliviando el hambre en algunos de los rincones más afectados del mundo.

Para justificar su decisión, el Gobierno ruso argumentó que no se habían cumplido los acuerdos contraídos hacia Rusia. En la negociación, la ONU le prometió a Rusia que le ayudaría a aumentar sus propias exportaciones de granos y fertilizantes, pero, si bien no se han impuesto sanciones a los productos agrícolas rusos, Moscú alega que otras medidas impuestas han disuadido a empresas navieras, bancos internacionales y aseguradoras de negociar con sus productores. Desde la UE, la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, calificó de «cínica» la actitud de Rusia y explicó que desde Bruselas se trabaja para «garantizar la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del planeta». Usar deliberadamente el hambre como arma de guerra o para servir a intereses políticos o económicos, impidiendo el suministro de socorro según lo dispuesto en el Convenio de Ginebra, es un crimen contemplado en el derecho internacional. De momento, el alto representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha optado por pedir la implicación a los Estados para lograr que Moscú vuelva al acuerdo y cese sus ataques a las infraestructuras agrícolas de Ucrania. Encauzada, como parece estar, la legislatura en nuestro país encontrar una solución duradera a esta cuestión humanitaria sería un gran éxito para la presidencia española.