José Antonio Pérez MontielPalma19/10/23 0:29
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Antes de la gran crisis de 2008, la ciudadanía española percibía que los dos principales partidos españoles, el PSOE y el PP, eran muy diferentes en numerosas cuestiones no económicas, pero notablemente similares en cuanto a la controversia política más importante en las democracias modernas: el tamaño del estado del bienestar. Este hecho era referido por los politólogos, sociólogos y otros científicos sociales como «la anomalía española». Algunos creen que la anomalía española se debía a que, en realidad, en España apoyar al estado del bienestar no necesariamente implicaba estar a favor de la redistribución. Esto puede ser debido a que la ciudadanía consideraba que el estado del bienestar era algo inherente a la propia existencia de un Estado democrático. Algo de que no se tocaba, independientemente de si favorecía más a unos que a otros.

Tras la crisis de 2008, esto cambió. Los países del sur de Europa, entre ellos España, vieron como la Unión Europea les forzaba a implementar políticas de austeridad destinadas a lograr equilibrios fiscales. Los cambios en el gasto público se produjeron precisamente en un momento en el que la demanda social aumentó dramáticamente, en plena crisis. El Estado se retiró justo cuando la gente más lo necesitaba. Las consecuencias de la crisis económica y de las políticas de austeridad fueron catastróficas para España, que llegó a tener al 26 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2011. Entrábamos así en una era de tensión permanente marcada por decisiones políticas apresuradas, creciente ansiedad entre la población y malestar social que llevó a la ciudadanía a repudiar a la clase política. Y esto le abrió las puertas de par en par al fascismo. El Estado debe ser capaz de garantizar la protección y la seguridad de la gente; de lo contrario, se pone en cuestión su razón de ser y ganan fuerza quienes se oponen a él.

La derecha europea lleva décadas defendiendo que el libre mercado, las familias u otros actores sociales (como el no siempre bienintencionado tercer sector) pueden satisfacer las necesidades de la gente mejor que el propio Estado. Tiene sentido que la derecha actúe así, puesto que representa los intereses de quienes quieren que el Estado deje de proveer servicios para proveerlos ellos. Lo que cuesta entender, sin embargo, es que la socialdemocracia europea haya adoptado también esta doctrina. Esto ha provocado que las clases populares hayan terminado optando por otras opciones políticas. El resultado: la práctica desaparición parlamentaria de la socialdemocracia en Grecia, Francia, Holanda, y Alemania, entre otros. En España, las bases del PSOE fueron capaces de rescatar a un secretario general que había sido defenestrado por la cúpula del partido; y éste ha sabido ver que, o se cambiaba el rumbo, o el PSOE correría la misma suerte que sus homónimos europeos. Y es que, al final, eso (la seguridad y el bienestar social) es lo que verdaderamente le importa a la gente. O al menos a la gente que no se deja manipular por la derecha mediática y que el 23 de julio dijo no a una coalición neoliberal que les quiere hacer retroceder varias décadas en bienestar y derechos sociales.