Propiedad conmutativa

Pero España no deja nunca de innovar en materia jurídico criminal, y nuestra penúltima creación se llama propiedad conmutativa de penas. Funciona así: Los tribunales españoles te condenan a severas penas de prisión -si se da el caso, porque al nuevo socio de Sánchez, el prócer Puigdemont, ni eso- pero tú siempre puedes encajarte en el maletero de un vehículo oficial de la Generalitat catalana, elegir el comodín de Bruselas y pasarte seis años bajo su plomizo cielo y su muy amoroso clima comiendo gofres y mejillones con patatas fritas. La prescripción o la necesidad de siete votos hacen lo demás. No sé qué es peor, la verdad. Bélgica, madriguera de delincuentes, no es un estado europeo más, sino un accidente político del siglo XIX cimentado económicamente sobre los cadáveres de los quince millones de esclavos congoleños que asesinó su amo, Leopoldo II, patrón de reputados genocidas como Hitler y Stalin. Pero, como estaba ahí en medio, entre Berlín y París, pues resultó ser lugar idóneo para ubicar en 1957 las oficinas de la comunidad europea de mercaderes, mal llamada hoy Unión Europea, y hasta hoy.

Los jueces belgas nos dan lecciones de democracia a los demás, pero, sobre todo, nos imparten desunión europea, evidenciando lo mucho que creen en las instituciones que justifican la mera existencia de su país, sin las cuales hace décadas que debería haber sido reabsorbido por Francia y los Países Bajos, aunque me temo que no estén mucho por la labor.

El ala ultra de Vox -disculpen el pleonasmo- se ha topado con la realidad. A estas alturas, ya deben ser conscientes de que no volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y que eso de que las familias obliguen a los colegios a que desdoblen las aulas para que sus vástagos puedan estudiar en castellano segregados de la infecta chusma catalanoparlante va a ser que no. Al menos, mientras la presidenta sea Marga Prohens y, el conseller, Antoni Vera.

A partir de aquí, y si se dignan aterrizar en el planeta Tierra, los parlamentarios de Vox pueden atribuirse el éxito de conseguir convencer al PP de que haya una mayor presencia de enseñanza en lengua castellana en una serie de centros y que esa opción pueda justificar y amparar la elección de uno u otro colegio por parte de las familias, lo cual es perfectamente legítimo. Si en lugar de buscar la bronca permanente y la división social, pensaran un poco de vez en cuando, todos los ciudadanos que hemos apostado por el cambio político se lo agradeceríamos infinito.