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Como socio, peor que malo. La crisis de tintes esperpénticos de Vox afecta de lleno al Govern de Marga Prohens por mucho que desde el PP se quiera insistir en que es un problema interno de su aliado. Apenas alcanzados los primeros cien días de mandato, Vox no ocultaba sus objetivos: oficina lingüística contra el catalán y segregación escolar por razón de idioma a cambio de aprobar el techo de gasto y los presupuestos, demandas sin duda incómodas para los populares.

El disparate se ha desarrollado durante una trepidante semana: el grupo parlamentario de Vox expulsa del mismo al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la presidenta del partido, Patricia de las Heras, también diputada, y exige cambio en el escaño principal de la cámara. Las razones, cuando menos confusas: falta de sintonía de los dos expulsados con el grupo y diferencia de intensidad en las demandas lingüísticas. Por parte de De las Heras alusiones mucho más prosaicas a las ambiciones personales y al control del dinero del grupo parlamentario. Entremedias, acusaciones de deslealtad y traición, que los ultras no son remilgados con el uso de los calificativos.

La portavoz parlamentaria nacional de Vox, Pepa Millán, sin rodeos: la situación de Vox en Baleares es «dantesca». La dirección de Abascal ha reaccionado con la expulsión de los cinco diputados que han promovido el embrollo. A pesar de los desmentidos, muchas miradas confluyen en Jorge Campos, el anterior mandamás y hoy diputado en Madrid. La portavoz de Vox en rebeldía, Idoia Ribas, defiende que «nosotros (los cinco diputados) somos Vox, las personas que levantaron el partido». La filtración del informe que la presidenta De las Heras remitió hace meses a la cúpula de la organización, con graves imputaciones contra Campos, tiene todo el aspecto de la venganza por querer alterar las relaciones de poder interno en Balears.

Los estrategas del PP fiaban sus expectativas de futuro a la progresiva degradación de Vox, en un proceso similar al de Podemos o Ciudadanos. Pero no debían pensar que sucediera de forma tan precipitada. Marga Prohens, a la que oficialistas y rebeldes de Vox dicen respaldar, deberá decidir si gobierna con el aval de los cinco expulsados (necesita ese número de votos para cualquier iniciativa) o lo hace contando con los dos legítimos representantes ahora de Vox, con lo cual queda en minoría. A pesar de la ventaja de contar con presupuestos en vigor, el Govern estará maniatado por la falta de apoyos, brinda la oportunidad a Abascal de regodearse en sus diatribas contra el PP y si los cinco ex de Vox pierden definitivamente el norte, el Govern quedaría expuesto a la moción de censura. Hoy por hoy es inimaginable entre otras razones porque no hay que descartar que los amotinados hayan dado el paso después de contar con alguna garantía de futuro. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dejado dicho que el Govern «no peligra» pero que la legislatura será «incierta e irregular» si Marga Prohens no cuenta con el Vox oficial. No sorprende, pues, que las voces más sensatas se refieran ya a la necesidad de elecciones.

De todo este enredo queda una certeza: hay motivos para correr a gorrazos a cualquiera que se refiera a la defensa del interés de los ciudadanos para explicar la trifulca.